Irene Vélez defiende su firma en emergencia económica; Consejo Gremial insiste en que no es válida

La ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez, salió en defensa de la legalidad de su firma en la declaratoria de emergencia económica luego de que el Consejo Gremial Nacional demandara y pidiera anular el decreto alegando que estaba viciado pues ella no podía firmar al no haber sido nombrada en propiedad en el cargo y haber vencido el plazo máximo legal para permanecer en calidad de ministra encargada.Vélez aseguró que sí estaba habilitada pues el decreto 877 del 5 de agosto de 2025, que la designó como ministra encargada, sigue vigente y no ha sido derogado ni modificado y que, además, el decreto 1083 de 2015, que regula la función pública, no fija un límite temporal para los encargos interinstitucionales.En otras palabras, el Gobierno defiende la validez de la firma al argumentar que, al momento de decretarse la emergencia económica, no existía un acto administrativo que revoque el encargo y ella estaba en pleno ejercicio de las funciones ministeriales con todas las competencias.Sin embargo, el Consejo Gremial en su demanda ante la Corte Constitucional afirma que la firma de Vélez vició el decreto y trae como respaldo el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por la Ley 1960 de 2019.Este establece que los encargos en caso de vacancia definitiva tienen una duración inicial máxima de tres meses y aunque pueden prorrogarse una sola vez por otros tres meses, la extensión no es automática y debe hacerse vía acto administrativo.En esa línea, el encargo de Irene Vélez inició el 5 de agosto de 2025 y venció, como máximo, el 5 de noviembre de 2025, pero hasta el momento no hay evidencia pública de un decreto presidencial que lo hubiera prorrogado, por lo que no estaría jurídicamente investida como ministra.Con estos argumentos, la ministra Irene Vélez se está apoyando en un decreto reglamentario mientras que el Consejo Gremial invoca una ley en sentido formal que tiene jerarquía normativa superior.Si la Corte Constitucional concluye que la Ley 909 es aplicable a los encargos ministeriales y que no existió un acto de prórroga, la firma de la ministra encargada podría invalidarse y, por ende, el decreto sería inconstitucional por un vicio de forma.Y es que los gremios, que han mostrado múltiples reparos con esta medida económica del Gobierno Petro, le pidieron a la Corte recordar que se trata de un decreto que viene de la mano con poderes excepcionales y que los antecedentes muestran que en casos similares se ha exigido que estos actos cumplan de manera estricta todos los requisitos formales, entre ellos la firma válida de todos los ministros del despacho.