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Como lo anticipó el presidente Gustavo Petro, el Gobierno emitió en la noche de este lunes el decreto de la emergencia económica, medida a la que llega tras la caída de las reformas tributaria y de salud.
La medida, que estará vigente durante 30 días en el territorio nacional, ha recibido múltiples críticas de gremios y expertos quienes aseguran que no se cumplen las condiciones para el decreto; sin embargo el Gobierno sostiene lo contrario.
Uno de los argumentos del Gobierno, que hoy mencionó el presidente Petro, es responder a la crisis fiscal grave e inminente producto de la acumulación de múltiples razones, calificandola incluso como una amenaza directamente la garantía de derechos fundamentales y la prestación de servicios públicos esenciales.
De esa manera, el decreto enumera una serie de frentes que atendería a través de este decreto, entre ellos, el cumplimiento obligatorio de órdenes de la Corte Constitucional en salud, especialmente la suficiencia de la UPC del régimen subsidiado, que exige $3,3 billones adicionales en 2026.
Sin embargo, cabe recordar que contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, hay abierto un incidente de desacato por no convocar a la mesa con los actores involucrados para reajustar dicha unidad.
El deterioro acelerado del orden público, con atentados armados, uso de drones y riesgos para candidatos electorales, que obliga a destinar recursos extraordinarios a la Fuerza Pública y la UNP por más de $3,7 billones y la no aprobación por el Congreso de dos leyes de financiamiento consecutivas (2025 y 2026), que dejó un hueco fiscal acumulado superior a $28 billones, hacen parte de los argumentos.
Así mismo, sentencias judiciales que obligan al pago de casi $10 billones, desastres naturales; subsidios atrasados en energía y gas, con riesgo de colapso del sistema eléctrico, especialmente en la región Caribe; restricciones severas al endeudamiento, derivadas de la Regla Fiscal y condiciones internacionales; y problemas de liquidez en la Tesorería, que elevan el riesgo de financiamiento costoso y desordenado.
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Es decir, los puntos más álgidos del debate de la economía colombiana hacen parte de las razones por las que, según el Gobierno, este decreto sí debería salir adelante.
Justamente, el Gobierno reiteró que más del 93 % del Presupuesto General de la Nación es inflexible, es decir, no se puede recortar o modificar, por estar protegido por mandatos constitucionales, leyes orgánicas, sentencias judiciales y contratos vigentes.
Según el decreto, insistir en la emergencia es la única vía disponible para evitar una interrupción del gasto social, una crisis en servicios públicos esenciales y un deterioro abrupto de la estabilidad macroeconómica.
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A lo largo del decreto, el Gobierno recopila toda una defensa para insistir en que no va en contra de la Constitución, tiene la firma del Presidente y todos los ministros, duración limitada a 30 días, aplicación en todo el territorio nacional, convocatoria al Congreso y envío inmediato a la Corte Constitucional para control automático.
Ahora, mientras está la evaluación del alto tribunal, el Gobierno queda habilitado para expedir decretos estrictamente orientados a conjurar la crisis, entre ellas las medidas tributarias ya conocidas.
El pasado viernes, por ejemplo, se conoció el borrador del plan que evalúa el Ministerio de Hacienda con los decretos de nuevos impuestos para asegurar los recursos faltantes.
Entre ellos, planea aumentar el gravamen a los movimientos financieros de 4 a 5 x mil, establecer nuevos impuestos al consumo de licor y cigarrillo y aumentar el número de personas y empresas qué deben pagar el impuesto al patrimonio.
Según el documento, que está en desarrollo con apoyo de la DIAN, el impuesto al patrimonio empezaría a cobrarse desde $1.991 millones y no desde los $2.880 millones como ocurre hoy.
Además, las tarifas aumentan para quienes tienen mayores niveles de patrimonio que ahora pagarán hasta 5 % de impuesto en comparación con una tarifa máxima del 1,5 % en la actualidad. Este impuesto ya no solamente sería para las personas naturales, sino que además empezaría a ser cobrado a las compañías.
Este decreto entonces aumenta el pulso entre el Gobierno y el Congreso, y traslada a la Corte Constitucional la última palabra sobre la legalidad y proporcionalidad de las medidas.
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