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El Congreso finalmente aprobó la reforma laboral, una medida que representa un avance significativo para los derechos laborales de miles de colombianos, especialmente para quienes se dedican al trabajo doméstico.
Con esta ley se reglamentarán las relaciones laborales en este sector mediante un contrato escrito, con registro oficial ante el Ministerio de Trabajo.
La nueva normativa se alinea con el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y tiene como objetivo combatir la informalidad, que ha sido característica en labores como limpieza, cocina o cuidado de personas.
Se espera que esta decisión fortalezca el acceso a derechos laborales básicos, como un salario justo, seguridad social y empleo estable.
Todo empleador que tenga a su servicio una persona que preste labores domésticas, ya sea por horas, tiempo parcial o completo, deberá contar con un contrato escrito.
Este debe especificar el salario pactado (que no puede ser inferior al salario mínimo legal), la duración, funciones asignadas, horario, condiciones para horas extras y los recargos por trabajo nocturno o dominical.
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El contrato, además, deberá registrarse en una plataforma digital que implementará el Ministerio de Trabajo en los próximos seis meses. Este mecanismo permitirá hacer seguimiento a las condiciones laborales de los empleados y facilitará la supervisión de las autoridades.
Uno de los principales cambios es la prioridad del contrato a término indefinido. Los contratos a término fijo solo podrán renovarse cuatro veces; después de esto, deberán ser indefinidos, buscando así mayor estabilidad para los trabajadores.
También se garantiza el pago de todas las prestaciones sociales, como cesantías, primas de servicios (dos al año), vacaciones, y aportes a salud y pensión. Además, los recargos por trabajo en domingos y festivos aumentarán progresivamente hasta alcanzar el 100 %.
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Asimismo, el contrato deberá ser reportado a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA), con el fin de asegurar que los aportes a seguridad social se realicen correctamente.
Por su parte, las sanciones están diseñadas para frenar a los empleadores incumplidos. El no acatar estas obligaciones podría acarrear multas económicas y mayor vigilancia por parte de los inspectores del Ministerio.
Se espera así reducir la impunidad en casos de despidos injustificados o evasión de pagos.
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