La reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro enfrenta un nuevo cuestionamiento jurídico y político, luego de que se conociera la decisión de primera instancia del Consejo de Estado que decretó la pérdida de investidura del exsenador y expresidente del Congreso Iván Namee, por hechos relacionados con el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
El caso motivó al representante a la Cámara Simón Molina, del movimiento político Creemos, a solicitar formalmente a la Corte Constitucional que examine si los hechos conocidos posteriormente a su pronunciamiento sobre la reforma pensional tienen alguna incidencia en la validez del trámite legislativo de la Ley 2381 de 2024.
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La petición busca establecer si las presuntas irregularidades relacionadas con Name pudieron afectar la deliberación, la transparencia y la formación libre de la voluntad de los congresistas durante la discusión y aprobación de la iniciativa, una de las principales reformas del anterior Gobierno.
En entrevista con Mañanas Blu, Molina explicó que su solicitud no pretende sustituir las competencias de la Corte, sino poner en conocimiento de los magistrados nuevos elementos que, a su juicio, ameritan una revisión jurídica de lo ocurrido en el Congreso: “Lo que le hemos pedido a la Corte Constitucional es que determine si estos hechos que se conocieron posterior a cuando la Corte se había ya manifestado sobre la reforma pensional tienen algún tipo de incidencia jurídica en términos de la aprobación de la ley”, manifestó el representante.
El congresista señaló que el asunto central es determinar si existió una relación entre los presuntos actos de corrupción y el desarrollo de las sesiones plenarias en las que se debatió la reforma, así como establecer si las condiciones en las que se adelantó el procedimiento legislativo garantizaron la libertad de deliberación y decisión de los parlamentarios.
Iván Name y las presuntas irregularidades en el trámite pensional
La controversia se fundamenta en la decisión de primera instancia del Consejo de Estado, que, según lo expuesto durante la entrevista, examinó la actuación de Iván Name en 16 sesiones plenarias del Senado relacionadas con el trámite de la reforma pensional. De acuerdo con la información presentada en el proceso, en 14 de esas sesiones el entonces presidente del Senado no habría dirigido integralmente los debates y habría cedido su conducción a otros integrantes de la corporación.
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Entre ellos se encontraba la entonces primera vicepresidenta del Senado, María José Pizarro. La actuación de Name fue relacionada con el presunto recibo de recursos provenientes del entramado de corrupción de la UNGRD, en un caso que involucra las declaraciones de antiguos directivos de esa entidad. Molina considera que estos acontecimientos ameritan una revisión sobre las circunstancias en las que se desarrollaron los debates legislativos y sobre la posible incidencia de los hechos en la aprobación de la reforma.
“Colombia tiene derecho a conocer la verdad y la pregunta fundamental es: ¿la corrupción fue utilizada para alterar el trámite legislativo de la reforma pensional?”, afirmó el congresista. No obstante, el representante reconoció que corresponde a la Corte Constitucional determinar si los hechos tienen relevancia jurídica suficiente para afectar la ley. Además, la investigación penal contra Name debe distinguirse de la decisión del Consejo de Estado, que fue de primera instancia, y no constituye por sí misma una condena penal definitiva. La senadora María José Pizarro, mencionada en el expediente, ha negado cualquier conocimiento o responsabilidad en los hechos de corrupción.
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La Corte Constitucional y la revisión de la reforma pensional
Uno de los principales interrogantes jurídicos planteados por Molina es si los nuevos elementos conocidos después de la revisión constitucional pueden justificar un nuevo pronunciamiento sobre la Ley 2381 de 2024. Según lo expuesto en la entrevista, la Corte ya había declarado constitucional la mayor parte de la reforma mediante la Sentencia C-264 de 2026, pero había ordenado subsanar vicios de procedimiento en nueve artículos.
El representante sostuvo que, cuando la Corte emitió su decisión, aún no se conocían los elementos derivados del proceso contra Name. Por ello, considera necesario que los magistrados determinen si estos acontecimientos constituyen hechos sobrevinientes con relevancia constitucional.
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“Una ley tiene que tramitar de forma natural, de forma libre. Tiene que haber una deliberación. Y finalmente, el Congreso de la República tiene que actuar bajo los principios de la transparencia”, señaló Molina, al insistir en que el trámite de una reforma de esta magnitud debe estar libre de cualquier interferencia indebida.
Sin embargo, durante la entrevista también se planteó un antecedente relacionado con la aprobación de la reelección presidencial en Colombia, en cuyo trámite se investigaron y comprobaron posteriormente conductas de compra de votos, sin que ello derivara en la anulación de la reforma constitucional correspondiente. Frente a este argumento, Molina sostuvo que no se deben normalizar las presuntas irregularidades en los procedimientos legislativos y que cada caso debe ser examinado por las autoridades competentes.
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Cámara de Representantes debe subsanar nueve artículos
Mientras se resuelven las solicitudes presentadas ante la Corte Constitucional, el Congreso debe continuar con el procedimiento ordenado para corregir los vicios de trámite identificados en la reforma pensional. Molina explicó que la Cámara de Representantes tenía pendiente adelantar la discusión y votación de nueve artículos, incluido uno de carácter sustantivo. Para esa labor, se conformó una comisión accidental coordinada por él y el representante Jonathan Pineda, del Centro Democrático, encargada de preparar una propuesta para consideración de la plenaria.
Según indicó durante la entrevista, el Congreso debía adoptar una decisión antes del 29 de octubre, conforme al calendario mencionado en ese momento. El legislador insistió en que el cumplimiento de este procedimiento debe avanzar paralelamente a las solicitudes de revisión presentadas ante la Corte: “Nosotros queremos darle trámite, obviamente, como se establece y como hay que cumplirlo en la Cámara de Representantes, pero queremos tener la claridad frente a estas solicitudes que nosotros le hemos hecho a la Corte Constitucional”, explicó.
¿Una contrarreforma pensional en el horizonte político?
Más allá del debate jurídico, la entrevista también puso sobre la mesa la posibilidad de impulsar una contrarreforma pensional, una iniciativa que podría modificar o revertir algunos de los cambios introducidos por el gobierno de Gustavo Petro. Consultado sobre si su solicitud ante la Corte respondía a una estrategia del Gobierno para desmontar la reforma anterior y presentar una nueva propuesta, Molina reconoció su cercanía política con el presidente Abelardo de la Espriella, pero defendió que su actuación corresponde a sus funciones como congresista.
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Yo estoy haciendo esto dentro de mis funciones como congresista. Creo que es necesario que el país conozca la verdad
El representante también confirmó que existen sectores políticos en el Congreso interesados en presentar iniciativas para modificar la legislación pensional vigente: “Lo cierto es que la reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro fue una reforma pensional bastante cuestionada, que realmente hizo que muchos sectores del país se pronunciaran en contra”, manifestó. Agregó que podrían adelantarse nuevos trámites legislativos para revertir aspectos de la reforma.