Transporte intermunicipal: pasajes podrían subir más del 25% por aumento de salario mínimo

El inicio del año ha traído consigo una preocupación creciente para los viajeros y trabajadores que dependen del transporte intermunicipal. Tras reportes de usuarios sobre incrementos inmediatos en rutas como Zipaquirá-Bogotá, Camilo García, vicepresidente de la Asociación para el Desarrollo del Transporte Intermunicipal de Pasajeros (ADITT), aclaró que el sector enfrenta una presión económica sin precedentes que se traducirá en ajustes tarifarios significativos.Un ecosistema de costos al alzaSegún García, el incremento del salario mínimo, fijado en un nivel que el gremio considera "desproporcionado", es el principal detonante de estas alzas, ya que impacta directamente en el 23% de los costos de operación. Sin embargo, no es el único factor; el sector se encuentra inmerso en un ecosistema de gastos donde el diésel aumentó 100 pesos por galón desde el año pasado y otros rubros como peajes, seguros y trámites de tarjetas de operación suben conforme al IPC o al salario mínimo.Las proyecciones iniciales del sector estimaban incrementos de dos dígitos (entre el 10% y 11%), pero la realidad de los costos ha llevado a que las empresas proyecten ajustes cercanos o superiores al 25% en algunas rutas,.Impacto diferenciado por rutas y operatividadGarcía explicó que cada empresa tiene libertad tarifaria, siempre que reporte su estructura de costos y notifique al usuario con antelación. El impacto varía según la logística: por ejemplo, las rutas de larga distancia, como Bogotá-Barranquilla, requieren de dos o tres conductores por vehículo, lo que dispara el costo laboral de manera más drástica que en rutas cortas.Además, el gremio denuncia una asfixia financiera debido a una autorretención que eliminó la liquidez de caja en un 218 %, sumado a los efectos de la reforma laboral y la contratación de aprendices.Inseguridad y falta de competitividadUno de los puntos más críticos mencionados en la entrevista es el deterioro de las condiciones de seguridad en las vías. García afirmó que el país ha "retrocedido 20 o 25 años", situándose en una situación similar a finales de los años 90, donde bandas criminales ejercen control en diversos corredores. La extorsión se ha vuelto un "costo de seguridad" adicional que incluso disuade a los conductores de trabajar en ciertas zonas o horarios.A esto se suma la mala gestión de la infraestructura, bloqueos constantes y la presencia de grupos armados que desconectan regiones enteras, lo que genera una pérdida de confianza en el pasajero y, por ende, una menor demanda del servicio.Escuche la entrevista completa aquí: