¿Una boleta de $500.000 para un concierto es solo para gente rica? Es “Absurdo”: responde sector

La reciente propuesta de reforma tributaria en Colombia busca recaudar 26.3 billones de pesos para financiar el presupuesto de 2026, en un contexto de crisis fiscal. Sin embargo, esta iniciativa ha generado polémica y preocupación en diversos sectores, particularmente en el ámbito del entretenimiento, que ven con incertidumbre las implicaciones económicas y sociales de los gravámenes propuestos.Una de las medidas más discutidas es el IVA 19 % sobre los “conciertos, eventos deportivos, espectáculos culturales y actividades recreativas de carácter comercial”. Según el Gobierno, este tipo de consumo está altamente concentrado en los deciles superiores de ingreso, mientras que los hogares de menores recursos destinan una proporción marginal de su gasto a estos servicios.No obstante, Eduardo Olea, CEO del grupo CLK (Tuboleta, Movistar Arena, Arena Primavera, Breakfast Live), opinó diferente y se mostró en contra de esta ley de financiamiento por el golpe directo que daría a las taquilleras y a quienes compran las boletas para asistir a estos eventos.En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, Olea advirtió que el costo de una boleta para un concierto de gran magnitud puede ser muy elevado. Y es que, para un concierto de Paul McCartney, la boleta está en millón y medio, por ejemplo.Para él, esta propuesta representa “un retroceso importantísimo” que podría desmantelar los avances logrados desde la Ley 1493 de 2011, sancionada por el expresidente Juan Manuel Santos. Esa ley buscaba formalizar el sector, reduciendo los gravámenes del 60 % que afectaban la boletería a un esquema que fomentara la formalización.Posteriormente, dijo que el Gobierno de Iván Duque impulsó la llamada economía naranja, generando incentivos que llevaron a inversiones significativas en infraestructura como el Movistar Arena y el Arena Primavera.La preocupación de Olea radica en que un “gravamen del 19 % de IVA, sumado a otras tasas indirectas” como el parafiscal (cerca del 10 %) y el PIKO (entre el 5 % y el 7 %), devolvería al país "a la época de la informalidad".A su juicio, el sector está en plena consolidación y desarrollo y, un impuesto tan alto podría “cortar el desarrollo que se viene dando”.¿Una boleta de $500.000 es para ricos?Además, Olea desmintió la noción de que una boleta de 500.000 pesos sea un indicador de riqueza, afirmando que “es absurdo pensar que 500.000 pesos es una persona rica”. Explicó que, en shows internacionales, 100 dólares (casi 450.000 COP) es un promedio y “casi más de 65-70 % de las boletas están por encima de ese valor”.También aclaró que este impuesto sería “por boleta individual, no por transacción total”, lo que podría afectar aún más los abonos o pases de temporada."Yo pienso que es absurdo pensar que 500.000 pesos es una persona rica; está fuera de contexto. O sea, 100 dólares, el parámetro en los en los shows internacionales, realmente es un promedio. Si usted coge el promedio de un concierto, un estadio, como puede ser una artista como Shakira, Dualipa, yo diría que casi más de 65-70 % de las boletas están por encima de ese valor”, recalcó.El impacto no se limitaría al consumo; las inversiones en infraestructura y el desarrollo de nuevas plataformas culturales se verían detenidos. Señaló que este sector es un “dinamizador de la economía”, generando un impacto positivo en hostelería, hotelería y agencias de viajes, además de impulsar el empleo y los ingresos en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali.Olea sugirió que el Gobierno explore otras alternativas de financiación, como combatir la evasión, en lugar de perjudicar a un sector en crecimiento y con gran potencial.La reforma tributaria y las iglesias: un debate constitucional y económicoOtro punto de controversia en la reforma es la inclusión de un “impuesto de renta para las iglesias” que realizan actividades mercantiles. El exsenador John Milton Rodríguez del partido Colombia Justa Libres, criticó fuertemente esta propuesta, calificándola como una "sobre expectativa" sin "ningún tipo de fundamento".Rodríguez argumentó que la medida choca con el “derecho constitucional” (Artículo 19 de la Constitución) y con las leyes específicas del estatuto tributario que regulan las obligaciones de las entidades religiosas.En ese sentido, subrayó que las actividades mercantiles que algunas iglesias realizan, como la venta de libros, representan un “mínimo componente” (tal vez el 5 o 10% de sus ingresos) y “se utilizan para financiar obras sociales”, no para el lucro personal.