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El reporte que recoge los datos de 2015 indica que hay 7 municipios declarados como sanitariamente inviables. Son ellos Norosí y Hatillo de Loba (Bolívar), Cisneros (Antioquia), El Castillo (Meta), Piamonte y Timbiquí (Cauca), además de Dibulla, en el departamento de La Guajira.
Simultáneamente, fueron consideradas como poblaciones en alto riesgo San Jacinto, Tiquisio y Río Viejo (Bolívar), así como Santa Ana y Nueva Granada (Magdalena), Argelia (Antioquia), al igual que Solita en el departamento de Caquetá.
Esta clasificación indica que en dichos municipios (donde la población estimada es de 2.14 583 personas) el agua no es apta para la ingesta, lo cual pone en riesgo la salud de los pobladores, particularmente de aquellos grupos vulnerables, como ocurre con los niños, niñas y adolescentes, además de las mujeres en estado de embarazo. Como resultado de ello, los habitantes ven restringido el uso doméstico del líquido vital, y deben incurrir en alternativas como la adquisición de elementos para potabilizar el agua, o en su defecto la compra de agua embotellada. Sin embargo, cuando se trata de regiones apartadas, donde el recurso hídrico es escaso y donde la pobreza es un agravante más del panorama, las posibilidades de abastecerse con agua en mal estado son altísimas. (Lea también: 34 municipios sufren por falta de agua en Santander).
Si a esta situación se agrega que 26 entidades en departamentos como Vaupés, Arauca, Caldas, Putumayo y Vichada, entre otros, han tenido dificultades para cargar la información que se compila a través del Sistema de Vigilancia de la Calidad del Agua Potable (SIVICAP), y que de los 16 municipios en categoría inviable para 2014 sólo dos han mejorado su condición, no obstante el Plan Padrino creado por el Gobierno para mejorar la calidad del agua en el país, el panorama es aún más preocupante.
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Por esta razón, la Defensoría del Pueblo requirió a los alcaldes y gobernadores de las regiones comprometidas, para que como gestores de los planes de agua orienten las inversiones necesarias y garanticen la prestación del servicio en condiciones óptimas para el consumo humano. De la misma manera, el organismo de control para los derechos humanos en Colombia solicitó a las autoridades sanitarias en los territorios notificar a los prestadores del servicio, a la Procuraduría y a la Contraloría sobre los análisis practicados in situ, y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para que actúe con las investigaciones y sanciones correspondientes en los casos más críticos, como al parecer ocurre en Cisneros (Antioquia), Santa Ana (Magdalena) y Dibulla (Guajira), cuyo comportamiento ha sido recurrentemente deficiente desde el año 2009.
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