Carcelazo a ex supersalud Gustavo Morales por incumplimiento de tutela

El ex superintendente de Salud Gustavo Morales se encuentra recluído en una estación de la Policía Metropolitana de Bogotá, donde tendrá que pagar 3 días de cárcel por incumplimiento de una tutela.

Previamente, Morales anunció en su cuenta en Twitter (@gustavoemorales) que esta semana podría terminar en la cárcel por cuenta de una tutela fallada en su contra, de una solicitud hecha durante su administración.

Según Morales, él nunca hizo parte del proceso y se dará en su contra una captura por una acción que ya no puede cumplir materialmente porque ya no es funcionario.

En sus trinos, el ex superintendente informó que el juez que ordenó su captura es el mismo que ordenó recientemente la libertad al turco Hilsaca.

En su momento, Morales había denunciado que la EPS Andina Salud tenía como accionistas hombres vinculados a paramilitares y secretarios de Salud de la costa norte y destapó las razones por las que le pidió la renuncia a cinco de sus subordinados delegados y de sus funcionarios directivos. A ellos se les investigó “por omisión”, ya que dieron el aval para que ser una promotora de salud en Soledad, Atlántico, con claras muestras de irregulariades desde su fundación.

Desde el 3 de diciembre el juzgado penal con función de garantías de Barranquilla, a cargo del juez Edwin Volpe Iglesias, ordenó sancionar al ex superintendente Gustavo Morales por desacatar una tutela que él mismo había fallado.

“Acudí a la Sijin de Bogotá para cumplir esa orden, fui capturado. Estoy cumpliendo el primero de 3 días de arresto por la orden de tutela en la que la Superintendencia de Salud debía habilitar la EPS Salud Andina en 48 horas. El punto grave es que esa orden es muy difícil de cumplir en ese tiempo, pero más absurdo es que yo hace dos meses deje de ser superintendente y por lo tanto, anuque quisiera, no puedo cumplir esa orden porque no tengo funciones públicas”, dijo Morales a Blu Radio.

“A esa EPS en su momento se le negó su habilitación por razones jurídicas. Por esa misma época se recibió un informe de la oficina de Trasparencia de la Superintendencia de la Presidencia que daba cuenta de los posibles vínculos de organizaciones al margen de la Ley”, señaló.

Sobre la decisión, el ex superintendente dijo que no sabía si se trataba de una persecución, ya que “claramente es un error del juez que manda a la cárcel a un ciudadano particular, que manda a la cárcel a una persona que no podría nunca jamás cumplir esa orden porque no es funcionario público”.