En riesgo alimentación escolar para niños y niñas de Miraflores, Guaviare

Según la denuncia de la empresa que surte los alimentos perecederos, los combustibles necesarios para asegurar la preparación de las comidas, los elementos de aseo asignados a los colegios y demás insumos con destino a los estudiantes, presuntos guerrilleros de las Farc apostados sobre el río Urilla habrían impedido el paso de una embarcación con estas materias primas, condicionando el futuro tránsito de la misma al pago de una suma considerable por parte del contratista.

De acuerdo con el relato, los hechos ocurrieron dos días antes en un sitio conocido como El Zancudo, en la vereda La Unión del municipio de Calamar, donde hombres fuertemente armados que se identificaron como miembros de las FARC detuvieron la embarcación, lanzaron la advertencia y obligaron al retorno de la misma sin que los elementos requeridos pudieran llegar a su destino. (Lea también:Graves irregularidades en programa de alimentación escolar en costa Caribe).

Los presuntos guerrilleros habrían manifestado que de no efectuarse el pago por ellos exigido, se impediría el acceso del operador a todas las instituciones educativas localizadas en su área de influencia.

Advierte el contratista que al ser retenidos por tanto tiempo, los víveres entraron en deterioro y además de no ser entregados tuvieron que ser desechados en detrimento del derecho fundamental que le asiste a los niños y niñas de internados como Iltilla La Reforma, Caño Tigre, Caño Giriza, Puerto Córdoba y Cristo Rey, todos en zona rural de Miraflores. (Lea también: Procuraduría abrió investigación por caso de alimentación escolar en Aguachica).

Aunque la empresa dispuso un plan de contingencia que permitiría el aprovisionamiento de víveres frescos durante cuatro días, la continuidad en el suministro de los alimentos está en riesgo, como también la integridad y bienes del operador.

Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo propuso adelantar un consejo de seguridad, el cual fue convocado para la tarde de este miércoles, y a cuyo término se esperan decisiones para establecer si en efecto son las Farc el actor que restringe el paso de los insumos y extorsiona al contratista, y para que en todo caso se den las garantías suficientes y permanentes a fin de proteger los derechos de la comunidad académica en el departamento del Guaviare.