El contrato cuestionado fue suscrito con la Unión Temporal Protección el 21 de diciembre de 2012, para que “prestara servicios de seguridad para la provisión, implementación y operación de esquemas de protección y para la provisión de escoltas, vehículos y motocicletas de apoyo que requiera la Unidad Nacional de Protección en desarrollo del Programa de Protección de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las personas, grupos y comunidades a cargo de la entidad”, señala el Ministerio Público (Lea también: Julián Marulanda Calero, procesado por corrupción en la UNP, seguirá en libertad).
De acuerdo con la Procuraduría, Marulanda y Molino habrían solicitado $10 millones a la empresa contratista para agilizar el pago de las cuentas de cobro por amortizar.