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El superintendente Pablo Felipe Robledo explicó que aunque la norma actual permite sancionar de manera eficiente y correcta a las empresas y personas naturales a quienes se les ha comprobado su participación en carteles empresariales, muchas veces la multa resulta siendo insuficiente para algunos casos.
“Pero obviamente 70 mil millones de pesos puede ser una suma que depende de las características del cartel, de los efectos que haya generado en el mercado, del tiempo de duración del cartel, del producto involucrado y del nivel de ingresos que está involucrado en el cartel podría terminar siendo una suma irrisoria”, dijo Robledo.
El funcionario agregó que muchas legislaciones de otros países no tienen como tope una suma de dinero sino un porcentaje sobre las ventas, los patrimonios y los ingresos operacionales de las empresas involucradas en los carteles, de manera tal que con esa norma nadie podría quedar eventualmente insuficientemente sancionado por el Estado.
“Por eso estamos procurando que haya un cambio normativo en ese sentido y que cojamos los modelos de europeos, americanos y de algunos países de la región como Brasil y México que tienen los límites en unos porcentajes sobre patrimonio y ventas, porque cualquier suma de dinero por alta que parezca podría resultar en un eventual caso insuficiente para sancionar correctamente una práctica anticompetitiva”, agregó el superintendente.
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