La Fiscalía acusó formalmente al alcalde de Villa de Leyva, Víctor Alfonso Gamboa Chaparro, por los delitos de concusión y prevaricato por acción, dentro del proceso en el que lo señala de presuntamente haber exigido una coima a cambio de facilitar la actualización de una licencia urbanística en su municipio.
En la misma diligencia también fue acusado el publicista Juan Camilo Sánchez Torres por el delito de concusión. Con la presentación del escrito de acusación, el caso avanza hacia la etapa de juicio.
Según la investigación, los hechos comenzaron el 8 de junio de 2025, cuando el alcalde habría pedido a la representante de una empresa de inversiones contratar a Juan Camilo Sánchez para asesorar la gestión de permisos y otros requerimientos administrativos relacionados con la ampliación de una licencia de construcción.
Posteriormente, presuntamente solicitó que aumentaran los honorarios del contratista, quien terminó recibiendo cerca de $48 millones durante los 11 meses que prestó sus servicios.
La Fiscalía sostiene que el caso escaló el 4 de marzo pasado, cuando, mediante mensajes de voz, el mandatario habría exigido $112 millones, equivalentes al 20 % del valor de la ampliación de la licencia de construcción.
Aunque esa exigencia habría sido retirada posteriormente, el ente acusador asegura que días después el alcalde expidió una resolución que podría constituir una retaliación contra la empresaria por no acceder a las pretensiones económicas planteadas.
Además, la negativa de la empresaria fue seguida por una serie de actuaciones administrativas. La Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial rechazó la solicitud de ampliación de la licencia y, posteriormente, la Inspección Segunda de Convivencia y Paz impuso una multa cercana a los $232 millones y ordenó medidas relacionadas con el proyecto urbanístico. La empresaria denunció los hechos ante la Fiscalía, lo que dio origen a la investigación que culminó con la captura del alcalde en mayo de este año.
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Dentro del proceso, la Fiscalía anticipó que cuenta con más de un centenar de elementos materiales probatorios, entre ellos conversaciones de WhatsApp, registros bancarios, testimonios, informes periciales y audios que, según el ente investigador, respaldan su teoría del caso.
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