Besaile suspende colaboración con la justicia que adelanta con la Corte Suprema

Fuentes cercanas al caso confirmaron los motivos por los que el investigado senador Musa Besaile anuncia la suspensión de la colaboración con la justicia que adelanta con la Corte Suprema.En primer lugar, no se trata de una determinación definitiva, pues lo que busca Besaile es que se le den mejores garantías antes de revelar información sobre los escándalos de corrupción de los que podría tener conocimiento.Vea también Corte ordena traslado de Musa Besaile a guarnición militar por su seguridad Uno de los motivos obedecería a que el senador no está conforme con el trato que recibe en el batallón de Policía Militar No 13 de Puente Aranda, en Bogotá, al que fue trasladado hace poco, tras haber estado recluido en la cárcel La Picota.Fuentes cercanas al proceso aseguran que el senador estaría molesto por el régimen de horarios a los que está siendo sometido en el batallón militar, especialmente por la hora en la que debe levantarse.Las razones de su traslado obedecen, precisamente, a que la Corte busca garantizar la seguridad de Besaile, pues se convertiría en un testigo importante en casos como los de la corrupción en el departamento de Córdoba.No obstante, el senador dice que no se le han brindado las garantías que requiere en lo relacionado con la seguridad de su familia y ese sería el principal motivo por el que no seguirá hablando.A comienzos de febrero la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia llamó a juicio a Musa Besaile por los delitos de peculado y cohecho dentro del escándalo del cartel de la toga. Esto, luego de que él mismo reconoció haberle pagado 2.000 millones de pesos al exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno para evitar ser capturado por 'parapolítica'.El senador ha dicho que este pago lo efectuó debido a que fue víctima de una extorsión por parte de Gustavo Moreno. Sin embargo, esta versión fue desestimada por la Corte, razón por la cual decidió acusarlo.El caso por 'parapolítica' en contra de Musa Besaile se inició el 8 de noviembre del 2007 tras ser mencionado en las declaraciones que dieron ante los tribunales de Justicia y Paz los exparamilitares Salvatore Mancuso y Luis Eduardo Urán Lara. El proceso estuvo en despacho del también investigado magistrado Gustavo Malo.