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Caso pasaportes: juicio disciplinario contra el canciller Álvaro Leyva iniciará el 15 de febrero

La Procuraduría aclaró que la suspensión provisional que actualmente tiene Álvaro Leyva de tres meses es “totalmente independiente” del juicio, es decir, no se discutirá en ese proceso.

Canciller Leyva.jpg
Canciller Leyva
Foto: Captura patalla video Cancillería

Este viernes, la Procuraduríaanunció que el inicio del juicio disciplinario contra el canciller Álvaro Leyva Durán, por el caso de la licitación de pasaportes y las presuntas irregularidades en el proceso, será el próximo 15 de febrero. A través de un comunicado, la entidad indicó que, ese día, el funcionario “tendrá la oportunidad de hacer los descargos que considere necesarios y presentar las pruebas”.

Asimismo, la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de la Procuraduría General confirmó que el juicio verbal será en la sede de la misma entidad. Cabe recordar que este proceso contra el canciller Leyva se adelanta por haber declarado, en su momento, desierta la licitación 001 de 2023 y decretar “urgencia manifiesta durante el desarrollo del trámite” sin que, al parecer, hubiera “causales para adoptar” esa decisión.

En el comunicado, se aclaró también que la suspensión provisional que actualmente tiene Leyva de tres meses es “totalmente independiente” del juicio, es decir, no se resolverá en ese proceso y le corresponde al despacho de la procuradora general, Margarita Cabello.

(…) Las dos faltas por las que se investiga al ministro fueron calificadas de manera provisional como gravísimas cometidas a título de dolo
recalcó la entidad.

Desacato “atenta contra el Estado de derecho”

Una respuesta que llega después de que el viceprocurador general, Silvano Gómez Strauch, señalara que el desacato del canciller y el presidente Gustavo Petro a la decisión de la Procuraduría “atenta contra el Estado de derecho” y pone es riesgo “la estabilidad institucional”.

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“La Procuraduría General de la Nación ratifica que, como órgano de control y representante de la sociedad, es la responsable de la defensa del ordenamiento jurídico y de su acatamiento por parte de todos los servidores públicos”, aseveró Strauch en un comunicado emitido por la entidad.

Según expresó, si los funcionarios o autoridades elegidas democráticamente “desvían su conducta de esos principios, debilitan la Constitución” y “erosionan” las bases de su legitimidad.

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