El Consejo de Estado decretó la responsabilidad del Ejército Nacional y el Ministerio de Defensa por la masacre ocurrida en el corregimiento La Granja, en Ituango (Antioquia) por parte de paramilitares y miembros de la fuerza pública, ocurrida en junio de 1996.
En 2006, en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se condenó al Estado por ese hecho, en el fallo no se incluyeron a esas 60 personas, solo se reconocieron 31 víctimas que no recibieron una reparación económica, sino que se les garantizó condiciones de seguridad en caso de querer regresar a sus tierras. La sección tercera del Consejo de Estado estudió el caso y ordenó la reparación de 50 salarios mínimos a cada persona que no fue incluida en la sentencia internacional.
“El Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos emitirá acto administrativo ordenando el pago a favor de Lorena María Villa García, Ruby de los Dolores Carvajal Villegas, Carmen Emilia García Ríos, Dora Miriam Henao Carmona y Maira Alejandra Macías Villa; y a las demás víctimas reconocidas por la unidad de víctimas que soliciten en término la indemnización. Una vez finalizado el pago de las indemnizaciones, devolverá el dinero sobrante a la entidad condenada”, resolvió la Sentencia.
Esta es la masacre por la que han perseguido al expresidente Álvaro Uribe Vélez, pues ocurrió mientras fue gobernador de Antioquia y con varios rumores se le acusa de que sabía con anterioridad que se cometería este acto atroz, acusaciones a las que Uribe ha dicho en repetidas ocasiones de que se trata de una infamia que le hace daño a su nombre.
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