La Corte Constitucional dio vía libre al acuerdo firmado entre Colombia y Venezuela para la promoción y protección recíproca de inversiones, suscrito en Caracas en febrero de 2023 y aprobado por la Ley 2370 de 2024.
En el análisis de fondo, la Corte Constitucional destacó que el tratado busca garantizar seguridad jurídica a las inversiones, promover el desarrollo económico sostenible y fortalecer la integración regional, objetivos que consideró acordes con los principios constitucionales.
Además, el alto tribunal verificó que las disposiciones sobre promoción, protección, trato nacional, expropiación, compensaciones y solución de controversias se ajustan a la Constitución.
No obstante, la sentencia incluyó aclaraciones de voto. Fue el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte quien manifestó reservas frente a las normas sobre expropiación y a la obligación de información de los inversionistas, además de advertir sobre la legitimidad democrática del Gobierno venezolano con el que se firmó el acuerdo.
Por su parte, el magistrado José Fernando Reyes planteó que la Corte debió profundizar en la discusión sobre el reconocimiento internacional del régimen de Nicolás Maduro y las implicaciones constitucionales de este tipo de tratados.
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