Corte ordena revisar negativa de reparación a familia de erradicador muerto por mina en Tumaco
Esta decisión fue adoptada tras revisar el caso de Benjamín Llanos Gasca, quien falleció al activar una mina antipersonal mientras cumplía labores de erradicación.
La Corte Constitucional aseguró mediante un fallo de tutela que el Estado colombiano debe responder objetivamente por los daños causados a erradicadores manuales de cultivos ilícitos, incluso cuando estos civiles participan de forma voluntaria en la implementación de políticas públicas.
Esta decisión fue adoptada tras revisar el caso de Benjamín Llanos Gasca, quien falleció al activar una mina antipersonal mientras cumplía labores de erradicación en zona rural de Tumaco, Nariño.
Cultivos ilícitos en Colombia
Foto: AFP
La Corte determinó que el Tribunal Administrativo de Nariño vulneró los derechos fundamentales de los familiares de Llanos al negar la reparación directa solicitada por su muerte.
Según el alto tribunal, se cometieron múltiples errores jurídicos y probatorios que llevaron a desestimar de forma injustificada las pretensiones de la familia de la víctima.
Entre los fallos del Tribunal de Nariño se cuenta el desconocimiento del precedente del Consejo de Estado, que establece que en casos como este la responsabilidad del Estado es objetiva y se deriva de un riesgo excepcional, es decir, no se requiere probar negligencia estatal ni se puede alegar la intervención de grupos armados ilegales como eximente.
La Corte Constitucional también cuestionó que se hubiera exigido a los familiares una carga probatoria excesiva y revictimizante, ignorando su condición de víctimas del conflicto armado.
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Además, criticó que el tribunal hubiera considerado como indemnizado el daño con base en un acuerdo suscrito con una empresa de servicios temporales, el cual no sustituye la obligación estatal de reparar integralmente.
En consecuencia, la Corte dejó sin efectos la sentencia del Tribunal Administrativo de Nariño y ordenó emitir un nuevo fallo bajo los parámetros constitucionales, este deberá incluir un análisis desde la perspectiva de responsabilidad objetiva, evaluar posibles fallas del servicio y garantizar un enfoque de reparación integral, que no se limite al aspecto económico.