
Corte reitera llamado al Congreso y Gobierno para regular Técnicas de Reproducción Asistida
Según el alto tribunal, el Congreso ha sido omiso en este aspecto, poniendo en riesgo los derechos fundamentales de las personas involucradas.

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
La Corte Constitucional reiteró su llamado urgente al Gobierno nacional y al Congreso de la República para legislar de manera integral sobre las Técnicas de Reproducción Asistida (TRA) debido al vacío normativo que existe actualmente en el país en esta materia
El pronunciamiento se dio en el marco de la sentencia T-163 de 2025, derivada de una acción de tutela interpuesta por un ciudadano que alegó la vulneración de su derecho a la autodeterminación reproductiva.
El demandante solicitaba el uso de los óvulos criopreservados de su pareja sentimental fallecida, con el fin de realizar un procedimiento de fertilización in vitro con útero subrogado. La clínica Reprotec se negó, argumentando que el contrato firmado por la paciente estipulaba la terminación del tratamiento en caso de fallecimiento.
El alto tribunal concluyó en su decisión que no existía prueba suficiente para demostrar que la voluntad de la mujer hubiera cambiado y que hubiese autorizado, en vida, el uso de sus gametos después de su muerte, contrariando lo pactado en los documentos suscritos con la clínica.
Aunque la tutela fue rechazada, la Corte reiteró que la ausencia de una legislación clara sobre las TRA deja abiertas puertas a posibles abusos y arbitrariedades, afectando derechos fundamentales como la autodeterminación genética y la paternidad responsable.
También advirtió sobre la falta de regulación respecto al alquiler de vientres y las implicaciones legales que de ello se derivan.
Publicidad
La Corte recordó que, desde hace más de 15 años, ha emitido pronunciamientos que evidencian la necesidad de una normativa que regule aspectos éticos, jurídicos y sociales relacionados con la reproducción asistida.
Según el alto tribunal, el Congreso ha sido omiso en este aspecto, poniendo en riesgo los derechos fundamentales de las personas involucradas.