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El Centro de Derechos Reproductivos y el Grupo Epidemiología y Salud Poblacional de la Universidad del Valle han identificado, en un estudio, cómo el glifosato, utilizado para la fumigación de cultivos ilícitos, genera efectos nocivos y complicaciones a las personas, considerándose como un agente de violencia reproductiva.
En dicho estudio, entregado a la Comisión de la Verdad, se ha expuesto cómo el herbicida no solo ha representado riesgos en materia ambiental, sino en aquellas personas, principalmente mujeres, que han estado en medio del conflicto armado en Colombia y se ha convertido, de alguna manera, en victimario operado por el mismo Estado, que desde 1992 inició un programa de aspersiones aéreas con glifosato.
En 2015, se suspendió su uso, con base en el potencial riesgo a la salud y el medio ambiente, sin embargo, es hoy día una de las apuestas del Ministerio de Defensa, pese a la insistencia gubernamental de que las implicaciones podrían ser menores.
El estudio halló que existe “una clara consistencia a favor de los efectos nocivos del glifosato en la salud reproductiva”, entre los que pueden enlistarse en la fertilidad (niveles hormonales, normalidad histológica de tejido reproductivo y espermatogénesis), aborto, efectos perinatales y efectos transgeneracionales (es decir, efectos nocivos del glifosato en segundas generaciones que afectan el rendimiento reproductivo), señala el informe.
En 2019, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia manifestó que hay evidencia que respalda el efecto de exposiciones químicas sobre la salud, haciendo énfasis en tasas de cáncer, trastornos del desarrollo neurológico, resultados de embarazo o posibles futuras discapacidades.
ABORTOS
En 1998, tres avionetas y cuatro helicópteros de la Policía cruzaron por los cielos de la vivienda de Yaneth Valderrama en Caquetá. Para entonces, ella tenía cuatro meses de embarazo.
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Mientras estaba lavando ropa, según cuenta su esposo, fue alcanzada por el herbicida y, siendo tanta la velocidad del producto, no alcanzó a resguardarse en su hogar. Los síntomas, horas y pocos días después, fueron tan fuertes que tuvieron que practicarle un legrado uterino porque presentaba un aborto incompleto. Su cuerpo no fue el mismo y las huellas de aquel episodio quedaron marcadas. Falleció.
“Falla orgánica multisistémica, choque séptico, síndrome de dificultad respiratoria aguda, neumonía adquirida en comunidad, neumonía nosocomial, síndrome neurológico piramidal y extrapiramidal, enfermedad autoinmune y granulamatosis de wegner”, fue el diagnóstico de la mujer.
Hasta la CIDH entró al ruedo en este caso, pues en 2018 lo declaró admisible por posibles violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
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Durante 45 días, a mediados de 1999, la Policía Antinarcóticos realizó una fumigación de forma masiva con glifosato y el químico se esparció por cultivos, cayó en animales, viviendas y contaminó la bocatoma de un acueducto. Producto de ello, al menos 26 personas ingirieron el pesticida y, según el informe del Centro de
Derechos Reproductivos, varias mujeres en estado de embarazo perdieron sus bebés.
Una de ellas fue Doris Yaneth Alape, tenía 28 semanas de gestación y tras presentar una serie de síntomas fuertes de dolor e intoxicación perdió su bebé y, luego, su salud física le impidió trabajar; caso también admitido entonces por la CIDH.
“Existen otros reportes que dan cuenta de más eventos similares a estos que probablemente no hayan logrado la misma visibilidad por falta de documentación. Como ejemplos, un reciente informe de Dejusticia que documenta el impacto de las aspersiones con glifosato en el departamento de Caquetá que menciona que, según una de las personas entrevistadas, “también muchas mujeres experimentaron abortos espontáneos por las fechas de las fumigaciones”, relata la investigación.
Entre algunas recomendaciones que se pusieron en la mesa respecto a la situación, se plantea identificar y reconocer como violación a los derechos humanos, en particular a los derechos reproductivos y las afectaciones en la salud reproductiva de mujeres y niñas como resultado de las aspersiones con glifosato implementadas por el gobierno.
A su vez, se plantea considerar como las violaciones a derechos reproductivos con base en factores tales como ser afrodescendiente, negra o palenquera, indígena, tener una discapacidad o enfrentar condiciones de pobreza; dimensionar los daños físicos, emocionales y sociales; determinar formas de reparación a las víctimas; considerar medidas para acceder a formación y servicios de salud sexual y reproductiva, y recomendar al gobierno no retomar las aspersiones con glifosato.
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