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Durante seis años, según la Fiscalía, hubo un acuerdo entre las exfuncionarias para emitir 9.000 resoluciones en las que autorizaron desembolsar los recursos para cubrir 2.000 facturas de cobro, de las cuales 1.294 correspondían a supuesta atención en urgencia a pacientes con enfermedades psiquiátricas o adicciones.
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Las exfuncionarias deberán responder en juicio por el delito de peculado en favor de terceros. Mientras esto ocurre, permanecerán en libertad, ya que la Fiscalía no pidió medida de aseguramiento en centro carcelario.
Los hechos ocurrieron entre los años 2008 y 2014, tiempo en el cual los investigadores se dieron cuenta de la existencia de institutos que no cumplían los requisitos para prestar los servicios facturados, historias clínicas y otros documentos falsos para soportar la atención prestada.Además se encontraron diagnósticos firmados por médicos que nunca trabajaron para las entidades que exigieron los pagos y doble facturación a los pacientes.
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