La Fiscalía General de la Nación avanza en una investigación penal contra Jorge Moreno, padre de Laura Moreno, mencionada en el proceso por la muerte de Luis Andrés Colmenares en octubre de 2010. El caso se está desarrollando por presuntas conductas relacionadas con lavado de activos y enriquecimiento ilícito, derivadas de un supuesto entramado de facturación falsa y evasión tributaria.
De acuerdo con el expediente judicial, Moreno habría utilizado varias empresas como fachada para expedir facturas por servicios inexistentes, una práctica que, según el ente acusador, hacía parte de una estructura de defraudación tributaria que operó entre 2006 y 2009. La investigación lo vincula a un esquema liderado por Olga Lucía Díaz Guzmán, conocida por el alias La Patrona, que buscaba reducir de manera fraudulenta la base gravable de múltiples compañías en Colombia.
En ese contexto, la Fiscalía señala que la empresa Montajes JM, fundada por Moreno, habría canalizado operaciones ficticias con el objetivo de simular e inflar costos y gastos inexistentes, lo que le habría permitido obtener beneficios económicos indebidos. Por estos hechos, el principal delito que se analiza es el de enriquecimiento ilícito y enriquecimiento ilícito.
En una audiencia reciente, previa a una eventual imputación, Jorge Moreno no compareció por problemas de salud. Durante la diligencia, su abogado defensor, Héctor Escobar, propuso una salida alternativa al proceso penal, solicitando explorar acuerdos administrativos y económicos que permitan resolver el caso sin una imputación inmediata.
“En este momento hay gente que está trabajando para hacer un borrador de proposición para usted para la solución del caso y no tiene que existir una imputación”, manifestó el defensor, al explicar que la empresa de Moreno mantiene acuerdos vigentes con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), reconocida como víctima en el proceso, así como con entidades bancarias por obligaciones financieras.
Escobar advirtió que una imputación en este momento tendría consecuencias económicas inmediatas. “Si la imputación se produce hoy, sale el titular de prensa de que fue imputado Jorge Moreno, el papá de Laura Moreno, y automáticamente un banco va a ejecutar las obligaciones que tiene”, sostuvo. Según la defensa, ese escenario “va a acabar con esa empresa, con el empleo de más de 200 familias y además con que la Dian ya no va a recibir dinero del acuerdo que han hecho hacia 2030 para el pago de temas tributarios”.
El abogado insistió en que avanzar con la imputación podría generar un doble perjuicio para el Estado. “La Fiscalía, antes que contribuir a un restablecimiento de derechos para las víctimas, lo que está generando es un doble perjuicio”, afirmó, al señalar que, en su criterio, la Dian terminaría sin posibilidad real de recuperar los recursos adeudados.
En esa misma línea, Escobar reiteró que Moreno se encuentra acogido a mecanismos legales de insolvencia y cumpliendo sus compromisos. “Tiene un acuerdo con la Dian. Está cumpliendo con ese acuerdo. Tiene un acuerdo con la banca. Lo está cumpliendo, pero la imputación materialmente va a convertir a la Dian en una víctima doble porque al final no va a poder recuperar ni un solo peso”, argumentó.
Pese a la propuesta de la defensa, el fiscal del caso dejó clara su posición frente a la solicitud, pues señaló que la imputación es un paso inevitable dentro del proceso penal. “Para mí sí es importante que usted sepa, doctor Héctor, desde ahora que la imputación es un requisito sine qua non”, afirmó el funcionario, al precisar que no es posible optar por una salida distinta sin que se formule imputación.
El fiscal agregó que esperará a que, después del 6 de febrero, la defensa informe si Jorge Moreno se encuentra en condiciones de salud adecuadas para comparecer. “Esperaría que después del 6 de febrero usted nos diga si el señor ya está en buenas condiciones”.
Por ahora, no se ha definido si las partes accederán a estudiar un acuerdo en los términos planteados por la defensa. Mientras tanto, el proceso continúa y la imputación sigue siendo, según el propio ente acusador, el paso necesario para definir el rumbo judicial del caso.
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