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A la Contaduría General de la Nación y a la Procuraduría llegó una denuncia administrativa y fiscal contra el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio. El denunciante asegura que estas entidades no tienen implementado un sistema de costos que permita determinar técnicamente el valor de los pasaportes, visas y demás servicios consulares, lo que “vulneraría el artículo 338 de la Constitución y las normas del Régimen de Contabilidad Pública”.
La queja se sustenta en una respuesta oficial a un derecho de petición en la que la Cancillería reconoció que no cuenta con dicho sistema y, además, retoma las alertas de la Contraloría sobre la falta de una proyección completa de costos en el nuevo modelo de pasaportes que comenzará a aplicarse el 1 de abril, en el marco de un convenio con la Imprenta y la Casa da Moneda de Portugal por cerca de 185.000 millones de pesos.
En el derecho de petición citado, aunque la Cancillería menciona normas que regulan las tasas y resoluciones que han ajustado las tarifas en los últimos años, afirma que “a la fecha (…) no cuentan con un sistema para determinar costos” y que “no se han adoptado modelos de costeo”. Las tarifas se reajustan con base en la variación del IPC certificada por el DANE. Además, el Ministerio reconoce que “actualmente no existe estudio técnico y financiero que justifique la recuperación de los costos de los servicios prestados” y que, al no haber una estimación técnica, “los elementos del costo enunciados (…) no han sido determinados”.
De acuerdo con la denuncia, esta ausencia de un sistema de costos impediría verificar si las tarifas cobradas a los ciudadanos corresponden realmente a la recuperación de los costos del servicio, como exige la ley, y podría generar riesgos de detrimento patrimonial, sobrecostos en la contratación o cobros desproporcionados a los usuarios.
En ese sentido, el denunciante solicita a las autoridades verificar si la Cancillería ha cumplido con el reporte de gestión de costos, informar si existen hallazgos relacionados con la ausencia del sistema, confirmar si es obligatorio contar con dicha herramienta para fijar tarifas, investigar posibles responsabilidades disciplinarias y fiscales, evaluar si hubo detrimento patrimonial o cobros injustificados y, finalmente, ordenar la implementación inmediata de un sistema de costos.
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