Denuncian presunto prevaricato de miembros de la Comisión de Acusaciones en casos contra Petro
Ante la Corte Suprema de Justicia fue radicada una denuncia contra 5 miembros de la Comisión de Acusación de la Cámara por presuntas omisiones y actuaciones irregulares en las investigaciones contra Gustavo Petro.
Comisión de Acusación investigará campaña de presidente Petro
Un grupo de 50 personas, entre ellos Ingrid Betancourt y varios aspirantes al Senado por el partido Oxígeno, radicaron ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia una denuncia penal contra cinco representantes a la Cámara que integran la Comisión de Investigación y Acusación.
En este caso señalan que Wilmer Carrillo, Gloria Arizabaleta, Carlos Cuenca Chaux, Alirio Uribe y Leonardo de Jesús Gallego presuntamente incurrieron en el delito de prevaricato por omisión por, según afirman, haber frenado, dilatado o archivado de forma irregular las investigaciones abiertas contra el presidente Gustavo Petro.
La denuncia, dirigida formalmente a la Corte Suprema, sostiene que los congresistas habrían omitido actos obligatorios dentro de los expedientes relacionados con presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de 2022.
Gustavo Petro en Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales
Foto: Presidencia
Entre ellas, la inactividad prolongada en la práctica de pruebas, el archivo prematuro de diligencias y la supuesta falta de impulso procesal en casos de alto impacto como el denominado Papá Pitufo, radicado en febrero de 2025.
Incluso el documento resalta además la ausencia de actuación institucional frente a las recientes revelaciones de Noticias Caracol que mencionan presuntos nexos entre altos funcionarios y jefes de disidencias de las Farc de alias “Calarcá”, hechos que, según los denunciantes, deberían haber activado nuevas líneas de investigación.
El partido Oxígeno pide a la Corte Suprema abrir investigación penal, compulsar copias a la Procuraduría y determinar si hubo una omisión deliberada de funciones constitucionales por parte de los miembros de la Comisión, órgano encargado exclusivamente de investigar al Presidente de la República.
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