El llamado de urgencia de la Corte al Gobierno por recrudecimiento de la violencia en el Catatumbo
El alto tribunal está pidiendo información sobre los planes de respuesta y reaccionó que adoptó el Gobierno ante la crisis humanitaria que persiste en el Catatumbo.
A inicios del 2025, la región del Catatumbo se convirtió en un escenario de conflicto que, un año después, continúa afectando a la zona debido a los fuertes enfrentamientos entre el ELN y las disidencias por la disputa del territorio. Desde el momento cero, la Corte Constitucional ha tenido bajo su lupa este tema, y el alto tribunal volvió a pronunciarse.
Concretamente, la Corte quiere saber cuáles han sido las acciones que ha llevado a cabo el gobierno del presidente Gustavo Petro frente al recrudecimiento de la crisis humanitaria en esa región, donde persisten graves riesgos para la población civil, las personas desplazadas y los firmantes del Acuerdo de Paz.
El alto tribunal también busca establecer cómo respondió el Estado a las alertas emitidas por la Defensoría del Pueblo ante el escalamiento de la violencia en municipios como Tibú y su posible expansión a otras zonas del Catatumbo.
Según la Corte Constitucional, aunque desde enero del año pasado se han adoptado algunasmedidas para atender la emergencia, estas no han logrado resultados sostenibles ni plenamente verificables, por lo que insiste en la necesidad de fortalecer la prevención y la acción anticipada para evitar nuevas violaciones masivas de derechos humanos.
Corte Constitucional
Foto: Rama Judicial
¿Qué pidió la Corte Constitucional?
El Ministerio del Interior deberá presentar, en un plazo de diez días, un informe completo sobre la coordinación, ejecución y resultados de los planes de respuesta frente a la alerta temprana. El documento deberá incluir si existe un plan integral con responsables, cronogramas, mecanismos de seguimiento, medidas diferenciales para la población firmante de paz y soportes que permitan verificar su implementación.
En ese sentido, la Gobernación de Norte de Santander y las alcaldías de Cúcuta, Tibú, El Tarra y Ocaña deberán informar cómo incorporaron dicha alerta en sus planes de prevención y contingencia, qué acciones activaron, cómo articularon su respuesta con el nivel nacional y qué recursos públicos destinaron para atender la crisis.