En firme llamado a juicio del excongresista Carlos Ferro; exigía el salario a uno de sus empleados
En el proceso reposan comprobantes de transferencias realizadas por más de dos millones de pesos mensuales en 2009 y 2010.
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La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia rechazó la nulidad presentada por la defensa del excongresista Carlos Ferro y dejó intacta la acusación en su contra por el delito de concusión.
Según la investigación, entre los años 2007 y 2010, Ferro, quien fue senador por tres periodos consecutivos, habría condicionado el nombramiento y la permanencia de Roque Julio Díaz en su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) a cambio de que este le entregara la totalidad de su salario mensual.
De acuerdo con el expediente, Díaz Pinzón, quien buscaba completar las semanas necesarias para pensionarse, realizó consignaciones periódicas a cuentas de terceros, entre ellos Luis Enrique Jaramillo Quintero, persona cercana a la UTL del excongresista.
En el proceso reposan comprobantes de transferencias realizadas por más de dos millones de pesos mensuales en 2009 y 2010, hechos que la Corte Suprema de Justicia consideró suficientes para inferir una exigencia indebida de dinero por parte de Ferro.
El caso se remonta a 2014, cuando el alto tribunal abrió investigación previa contra Ferro y, tras varios años de práctica de pruebas y versiones libres, el exsenador fue formalmente vinculado al proceso en septiembre de 2023, cuando rindió indagatoria por los delitos de concusión y enriquecimiento ilícito de servidor público.
Posteriormente se decidió romper la unidad procesal y continuar de manera independiente la investigación por el delito de concusión, mientras que el cargo por enriquecimiento ilícito quedó en un expediente aparte.
En su defensa, Ferro negó rotundamente los hechos y calificó el proceso como una persecución política, señalando directamente a la exsenadora Leonor Serrano de Camargo, con quien tuvo diferencias políticas y personales.
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Con la decisión, el proceso pasará ahora a la Sala de Primera Instancia que será la encargada de determinar si Ferro es responsable o no del delito imputado.