El abogado David Cote Rodríguez presentó formalmente quejas disciplinarias que solicitan investigar la presunta responsabilidad del presidente Gustavo Petro, la fiscal general Luz Adriana Camargo, la vicepresidenta Francia Márquez y otros altos funcionarios en un escándalo que involucra supuestas comunicaciones y acuerdos irregulares con disidencias de las Farc, información que reveló Noticias Caracol.
Las denuncias fueron instauradas ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y la Procuraduría General de la Nación, a raíz de revelaciones periodísticas que apuntan a una posible red de coordinación entre las disidencias de alias “Calarcá” y miembros de la administración estatal en posiciones estratégicas.
Graves señalamientos detallados en la queja
Los documentos radicados, que llevan el número E-2025-621606 en la Procuraduría , señalan que los hechos expuestos podrían enmarcarse en la falta gravísima contemplada en el numeral 3 del artículo 62 del Código General Disciplinario, relacionada con “colaborar o facilitar actividades de grupos armados ilegales”.
El material probatorio citado por el abogado Cote detalla una serie de actividades que, de confirmarse, significarían uno de los episodios más graves de infiltración de estructuras criminales dentro del Estado. Entre los hechos más relevantes se encuentran:
- Creación de estructuras fachada: Se alega que se promovieron gestiones para constituir una empresa de seguridad de apariencia legal, cuyo objetivo sería permitir a las disidencias la movilización de personal, armas y equipos con aparente legitimidad, eludiendo los controles oficiales.
- Entrega de información reservada: La denuncia apunta a la supuesta entrega de recursos y datos sensibles del Estado, incluyendo frecuencias radiales de uso exclusivo del Ejército, líneas de comunicación privadas e información que habría facilitado “pactos de no agresión y coordinación de movimientos entre bandas criminales y miembros de la fuerza pública”.
- Acuerdos políticos y menciones a la vicepresidenta: Las comunicaciones incautadas tras la captura de alias “Calarcá” supuestamente hacen referencia a acuerdos que habrían tenido lugar incluso antes de la campaña presidencial. Específicamente, se menciona a la vicepresidenta Francia Márquez como una posible intermediaria en las conversaciones entre integrantes de las disidencias y miembros del Gobierno.
Omisión atribuida a la Fiscalía General de la Nación
Un punto central de la queja disciplinaria se enfoca en la fiscal general Luz Adriana Camargo. El abogado Cote sostiene que la alta funcionaria presuntamente tuvo conocimiento de una parte significativa de esta información desde el año 2024, sin que se iniciara una investigación oportuna.
Además de la supuesta omisión y “ocultamiento de información sensible” , se destaca la liberación de personas vinculadas a alias “Calarcá” bajo la figura de gestores de paz, una decisión que figura como un elemento clave de la solicitud de investigación.
Responsabilidades diferenciadas por cargo
Las quejas radican responsabilidades específicas para cada uno de los implicados, incluyendo al general Juan Miguel Huertas y el funcionario del DNI Wilmar Mejía, cuya supuesta participación se relaciona con la “entrega de recursos y coordinación con disidencias”:
Gustavo Petro: Por presuntamente “favorecer decisiones que permitieron la continuidad de estructuras criminales” y por negar nexos que el denunciante asegura estaban confirmados por actuaciones internas de la Fiscalía.
Luz Adriana Camargo: Por “presunta omisión, dilación y ocultamiento de información sensible” que impidió procesos oportunos.
Francia Márquez: Por ser señalada en las comunicaciones de las disidencias como posible enlace o facilitadora durante contactos y acuerdos.
General Huertas y Wilmar Mejía: Por su presunta “participación directa en acuerdos, entregas de recursos y coordinación con disidencias para permitir operaciones ilegales bajo apariencia institucional”.
El denunciante ha instado a la Procuraduría y a la Comisión de Acusaciones a actuar con total “independencia, rigor y transparencia” , solicitando la salvaguarda de las pruebas y la apertura de investigaciones formales. “La magnitud de lo revelado exige actuaciones inmediatas. La ciudadanía merece claridad y garantías de que la ley se aplica por igual a todos los funcionarios, sin importar su rango”, señala el documento radicado. De comprobarse los hechos, la crisis de confianza y seguridad nacional sería de proporciones históricas.
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