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Fiscalía advierte que 35.000 capturas no se han hecho efectivas por crisis carcelaria

Para el fiscal Martínez, el hacinamiento es uno de los mayores problemas que debe enfrentar no solo el Inpec, sino la propia Fiscalía.

295028_Cárcel La Picota - Bogotá - Foto: INPEC
Cárcel La Picota - Bogotá - Foto: INPEC

En el marco de la audiencia de la Corte Constitucional sobre la crisis carcelaria en el país, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, cuestionó que no haya una política efectiva que enfrente los graves problemas de las cárceles, que no solo afecta a los derechos de los internos sino el funcionamiento de la justicia.

 

Vea también: Fiscalía no entregará a la JEP informes sobre bienes de Farc

 

Para el fiscal Martínez, el hacinamiento es uno de los mayores problemas que debe enfrentar no solo el Inpec, sino la propia Fiscalía porque sus acciones han provocado la detención de miles de personas que permanecen en las Unidades de Reacción Inmediata, URI.

 

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“Es necesario consensuar de una vez por todas una política de Estado que nos permita resolver el problema penitenciario en Colombia; si ello no se hace, no queda sino una única alternativa: echarle llave a la Fiscalía”, aseguró Martínez.

 

Entre tanto, la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, reconoció ante la Corte Constitucional que existen serias falencias en materia estructural y presupuestal que afecta a las cárceles en el país.

 

No obstante, cuestionó que por órdenes judiciales se tengan que cerrar establecimientos carcelarios porque agrava la tasa de hacinamiento, que actualmente es del 49,54 %.

 

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“Vamos hacer un plan de acción de mediano y largo plazo que lo vamos a meter en una ley estatutaria porque queremos que la política criminal se determine de manera coherente”, agregó la ministra Borrero.

 

Entre tanto, los informes de la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría se enfocaron en evidenciar que en temas de salud, hacinamiento y presupuestal existen falencias que no han sido atacados, pese a las advertencias que se han realizado a las autoridades carcelarias.

 

El presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Alejandro Linares, hizo un llamado de atención a los organismos de control y a las autoridades del Estado porque consideró que más allá de conocer la crisis, es necesario que haya una articulación para que se determinen las acciones a seguir.

 

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La ministra Borrero agregó que dentro del plan de choque frente al hacinamiento carcelario se pondrán en funcionamiento sistemas carcelarios móviles que sirvan a la descongestión en distintas ciudades el país, que, en su mayoría, no tienen espacios en los establecimientos carcelarios.

 

La Corte Constitucional evaluará los argumentos e informes presentados dentro de la declaratoria del Estado de cosas inconstitucionales para fijar la hoja de ruta para el Gobierno y autoridades frente a esta crisis que afecta derechos humanos de quienes están privados de su libertad.

 

 

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