En Medellín sorprendió la semana pasada un caso de secuestro ocurrido en Robledo, cuando el 6 de abril, en un operativo del Gaula de la Policía, fue rescatado un comerciante que fue plagiado, al parecer, en el municipio de Envigado.
Según la denuncia revelada en ese momento por la Policía, al comerciante lo secuestraron y le quitaron su billetera y sus dos celulares. Luego lo amarraron y lo llevaron a una casa en el barrio Robledo donde según su testimonio, los secuestradores se turnaban para cuidarlo.
De acuerdo con el relato del secuestrado, en diciembre del año anterior contactó a un prestamista en la zona de Urabá, quien le prestó 100 millones de pesos con intereses del 10% al mes, deuda que habría sido la causa del plagio.
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Este caso encendió las alarmas de las autoridades que temen que las retenciones ilegales sean una forma de cobro de prestamistas, quienes con violencia intentan que les paguen el dinero.
La dirección de fiscalías de Medellín está investigando sobre la que sería una oficina de cobro encargada de pedir los pagos a través de secuestros.
“Estamos observando un común denominador de estas actividades, al parecer, existe una oficina de cobro en esta zona de la ciudad, oficina que está secuestrando a los deudores de esos dineros que están prestados por personas inescrupulosas, que a través de la fuerza hacen el cobro con secuestros, torturas y armas de fuego. Cobran estos dineros, inclusive, con intereses de usura”, dijo el director de Fiscalías en Medellín, Raúl González Flechas.
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Entre el 27 de enero y el 6 de abril de este año, la Policía Nacional ha liberado en el occidente de la ciudad a seis personas secuestradas y ha capturado en flagrancia a 10 presuntos responsables de actos, como los 4 secuestrados del comerciante de Envigado que en las últimas horas fueron enviados a la cárcel acusados de secuestro extorsivo agravado, porte ilegal de armas de fuego de uso civil y militar y hurto calificado y agravado.
Lo que más preocupa a la Fiscalía es que a la fecha no es claro quiénes integran la red de cobros a través de secuestros, de los que han sido víctimas no solo ciudadanos del Valle de Aburrá, pues entre los afectados también hay 3 comerciantes de Buenaventura, quienes al negarse a pagar vacuna a un grupo delincuencial que opera en la costa Pacífica, fueron secuestrados el pasado 5 de febrero en Medellín y por su liberación los captores exigían la suma de 350 millones de pesos.
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