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Se trata de William Coronado Alfaro, capturado el 24 de agosto de 2003 dentro de un proceso que le abrió la Fiscalía por el delito de rebelión basado en declaraciones de reinsertados de las Farc y un informe policial, pero luego fue absuelto tanto por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Sincelejo y ratificado por el Tribunal Superior del Distrito. Ante esto, la persona presentó un recurso con el que buscaba ser reparado por la Nación.
El caso llegó al Consejo de Estado, luego de que la Fiscalía apelara. Sin embargo, la Sección Tercera de ese alto tribunal ratificó las decisiones adoptadas anteriormente y ordenó pagar una indemnización a Coronado y a cinco familiares que asciende a los 115.936.240 millones de pesos por perjuicio moral.
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Según la decisión del Consejo de Estado, “el informe de inteligencia referenciado debe descartarse como indicio grave de responsabilidad en contra del señor Coronado Alfaro como autor del delito de rebelión y, en consecuencia, como fundamento de la detención preventiva ordenada en su contra”.
Para la sección tercera del Consejo de Estado, la Fiscalía no habría cumplido con sus deberes funcionales en el ejercicio de la acción penal, “en la medida que no examinó con suficiente cuidado las pruebas que reposaban en el expediente debiendo ahondar en ello para establecer la relación del señor William Coronado Alfaro con el grupo Farc”.
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