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Fiscalía ocupa bienes por $11.000 millones usados para explotación sexual de menores

Los organismos de investigación también permitieron obtener evidencia de que el establecimiento además funcionaría como centro de almacenamiento y comercialización de estupefacientes.

Bienes ocupados Medellín

La Fiscalía General de la Nación afectó con fines de extinción de dominio dos bienes avaluados preliminarmente en más de 11.000 millones de pesos, que presuntamente eran utilizados por redes delincuenciales dedicadas a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en Medellín.

Las medidas cautelares de embargo, secuestro, suspensión del poder dispositivo y toma de posesión recayeron sobre un inmueble ubicado en el centro de la ciudad y un establecimiento de comercio que funcionaba como motel, los cuales, según los elementos materiales probatorios recopilados por las autoridades, habrían servido para facilitar actividades de explotación sexual con menores de edad.

Bienes ocupados Medellín 1
Suministrada

De acuerdo con la investigación, durante varios procedimientos realizados en el lugar las autoridades evidenciaron el ingreso recurrente de niñas y adolescentes, quienes presuntamente eran sometidas a actividades relacionadas con el delito de estímulo a la prostitución.

Las diligencias adelantadas por los organismos de investigación también permitieron obtener evidencia de que el establecimiento no solo habría sido utilizado para estos hechos, sino que además funcionaría como un centro de almacenamiento y comercialización de sustancias estupefacientes.

Las medidas cautelares fueron decretadas por una fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, en el marco de las acciones encaminadas a afectar el patrimonio de organizaciones criminales que obtienen beneficios económicos de actividades ilícitas que afectan a menores de edad.

Bienes ocupados Medellín 2
Suministrada

La materialización de las decisiones judiciales se realizó mediante operativos coordinados entre la Fiscalía, unidades de la Policía Nacional y el Ejército Nacional, que ejecutaron las diligencias sobre los bienes objeto de la investigación.

Con estas actuaciones, las autoridades buscan impedir que los inmuebles continúen siendo utilizados para la comisión de delitos y afectar las estructuras financieras de las redes delincuenciales vinculadas a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.

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Mientras avanza el proceso de extinción de dominio, las propiedades quedarán bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad encargada de custodiar y gestionar los bienes afectados con medidas cautelares por decisión de las autoridades judiciales.

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