La Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación solicitaron a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia que mantenga en firme la condena contra dos exdirectivos de la Universidad de Medellín, señalados de participar en las presuntas irregularidades que permitieron al excongresista Julián Bedoya obtener su título de abogado.
La petición fue presentada durante una audiencia de casación en la que los entes de control respaldaron las decisiones judiciales que ya habían condenado a Juan Felipe Hernández Giraldo, exsubsecretario académico, y a Yolanda Cossio Rincón, exsecretaria y exjefa del programa de Derecho.
"Juan Felipe Hernández Giraldo autorizó el reingreso irregular de Julián Bedoya en el mes de octubre de 2018, sin contar con la aprobación de dicho consejo ni comisión para proceder de esa manera. Yolanda Cosío Rincón desarrolló la logística a fin de lograr el objetivo propuesto. Seleccionó el grupo de profesores que debían firmar las actas en blanco, revisó la carpeta del estudiante y dio el visto bueno para su graduación", indicó el magistrado de la Sala Casación Penal, Hugo Quintero.
El Tribunal Superior de Medellín condenó a Hernández a cinco años de prisión y a Cossio a cuatro años y cuatro meses de cárcel, y, además, fueron inhabilitados para ejercer cargos públicos por varios años.
Durante la audiencia, la fiscal Marelen Orjuela aseguró que en el juicio quedó demostrada la participación coordinada de los exfuncionarios para facilitar la expedición irregular del diploma. Según explicó, se permitió el reintegro extemporáneo de Bedoya a la universidad y se aplicaron normas que habrían flexibilizado requisitos académicos, como la exigencia de una segunda lengua.
Hay que recordar que el caso se remonta a 2019, cuando surgieron denuncias sobre la rapidez con la que Bedoya habría culminado sus estudios de Derecho, aprobando 16 exámenes en apenas cuatro jornadas de evaluación tras regresar a la universidad luego de casi una década de ausencia.
Mientras se espera que las condenas sean confirmadas, hay que recordar que el proceso judicial contra el exsenador ha estado rodeado de cuestionamientos por posibles dilaciones, ya que en febrero el Tribunal Superior de Bogotá advirtió que la defensa estaría intentando llevar el caso a la prescripción del delito de fraude procesal, cuyo plazo vencerá en julio de este año.
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