Argumentando que ya no haría uso de su periodo de vacaciones, el nombramiento de Andrea Bedoya, en reemplazo de Edenith González, se cayó a última hora en la Asamblea de Antioquia.El nombramiento del encargo estaba dado en consideración de la hermana del exsenador, hoy imputado, ejerce como subcontralora y, según Andrés Bedoya, presidente de la Asamblea, correspondía a la corporación realizar este trámite y en él no había nada político."Que quede claro que nosotros en ningún momento estamos eligiendo a nadie, porque la función de la Asamblea Departamental será el próximo año hacer un proceso para elegir un nuevo contralor por los próximos cuatro años, pero nosotros aquí lo que estamos haciendo es un trámite administrativo", aclaró el presidente de la mesa directiva.Polémica por elección de hermana de Julián Bedoya como contralora (e) de AntioquiaEn contraste, el diputado Luis Peláez advirtió que genera dudas, primero, que se haya retirado a última del orden del día el nombramiento, pero, además, recalcó otras presuntas irregularidades en el trámite.Peláez acudió a normas de la asamblea que indican que cualquier encargo en ese tipo de puestos debe estar sujeto a una terna que evalúa, tanto la mesa directiva, como la plenaria y que en ningún momento se presentó.Además, recalcó el diputado que Bedoya no cumplía con el perfil para asumir este cargo."Nosotros en la mañana de hoy solicitamos inmediatamente que se nos exhibiera los títulos la hoja de vida y la experiencia que tienen la señora para hacer contralora de Antioquia y hoy simplemente quitan el orden del día revocan el acto administrativo", expresó su sospecha el diputado.Un informe de la Auditoría General de la Nacen 2022 había advertido que durante el paso de la hermana de Julián Bedoya por la Contraloría departamental se habría cambiado el manual de funciones para favorecerla por lo menos en tres ocasiones con cargos.
Varios cuestionamientos recibe la Mesa Directiva de la Asamblea de Antioquia, encargada de nombrar al nuevo contralor del departamento o alguno de sus encargos, uno de ellos que se hace oficial precisamente este 11 de junio y que trae consigo una nueva polémica relacionada con presuntos casos de corrupción.Y es que quien llegaría a ocupar el cargo, en condición de encargo para un caso de responsabilidad fiscal, luego de que Enedith González declarara su impedimento, sería Andrea Bedoya, hermana del exsenador liberal Julián Bedoya, sobre quien recientemente la Fiscalía radicó escrito de acusación para que fuera citado a juicio por presuntas irregularidades en la obtención de su título como abogado de la Universidad de Medellín.Pero al margen de sus relaciones familiares, Andrea Bedoya llega en medio de ruidos ya denunciados hace casi dos años, cuando una auditoría general de la República reveló que, durante su paso por esta entidad, se habría ajustado el manual de funciones en varias oportunidades para que ocupara cargos como los de jefe de oficina asesora de planeación, directora administrativa y subcontralora.Por ejemplo, mientras que para este tipo de puestos se exige formación en áreas como administración, economía, ingeniería, ciencia política o comunicaciones, Bedoya es psicóloga de la Universidad San Buenaventura de Cali y para sus nombramientos anteriores se demeritó tal situación argumentando que no importaba el área de conocimiento del título profesional.Uno de los diputados que ya manifestó su inconformidad con la decisión fue Luis Pelaéz, quien asegura que desconoce las razones por las cuales Enedith González se declaró impedida, pero que hay antecedentes los suficientemente claros para dudar de Bedoya al frente del caso que abordará.
Luego de que la Fiscalía 31 Especializada superara en 147 días el plazo máximo de 90 que tenía para radicar el escrito de acusación en contra del exsenador liberal Julián Bedoya, un fiscal especializado de la Dirección contra la corrupción de Bogotá finalmente lo hizo y se espera que el político en los próximo días vaya a juicio.Así lo indicó a Blu Radio el abogado Juan Camilo Bolaños, apoderado judicial de la Universidad de Medellín en este caso en el que se han declarado víctimas y que en un escrito a mediados de mayo cuestionó que el proceso contra Bedoya no avanzara a pesar de que ya había exdirectivos de la institución condenados por irregularidades en el otorgamiento de su título de abogado.Bolaños destacó la reciente decisión como la posibilidad de acceder a la justicia para la universidad y sus integrantes."Como víctimas vemos que esta actuación permite garantizar el acceso efectivo a la administración de justicia y en nombre de todos los miles de egresados estudiantes docentes y personal administrativo de la universidad, pues lo único que buscamos es aproximarnos a la verdad, a la justicia", indicó Bolaños.Se espera que con esta radicación ante los jueces del circuito de Medellín en un término cercano a los 30 días Bedoya sea citado para la primera audiencia del juicio que es la de formulación de acusación."En ese término la Fiscalía va a formularle verbalmente los cargos a Bedoya Pulgarín, es decir, le indicará de manera muy sucinta y concreta, cuáles son los hechos que están allí relacionados en el escrito de acusación, muy detallado", explicó.El político deberá responder ante la justicia por los delitos de falsedad en documento privado, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal.
Pese a que un grupo de implicados en irregularidades para la expedición del título como abogado del exsenador liberal Julián Bedoya ya fueron condenados, como el exrector de la Universidad de Medellín Néstor Hincapié, el proceso contra el político avanza de forma lenta y ahora deberá, al parecer, ser asumido por otro fiscal.Así se conoció en una carta del equipo legal que representa a la institución educativa en el litigio, en el que advirtieron que la Fiscalía 31 Especializada ya habría superado en 147 días el plazo inicial de 90 días para radicar el escrito de acusación contra Bedoya.Ese plazo, según el documento, empezó a contarse desde el 17 de noviembre de 2022 pero fue suspendido entre abril de 2023 y febrero de 2024 cuando empezó a resolverse la solicitud de preclusión del caso que recientemente el Tribunal Superior de Medellín negó.“En conclusión, a la fecha han transcurrido un total de 237 días a partir de la asignación del proceso a la Fiscalía 31 especializada, sin contar el periodo transcurrido durante el análisis y negativa a la pretensión preclusiva”, puntualizó en el documento el abogado Camilo Bolaños.Quien actúa como apoderado de la Universidad calificó de “inconcebible” que ya el caso deba ser asumido por un nuevo fiscal a pesar de que el proceso judicial de otros implicados ya terminó en condena por lo que aseguró que con lo que sucede se está afectando el derecho a la justicia de las víctimas declaradas en el proceso.
La Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín dio a conocer varias sentencias luego de las denuncias presentadas en contra del exrector de la Universidad de Medellín y varios profesores a quienes se les acusa de ponerse de acuerdo para darle el título de abogado al exsenador Julián Bedoya.Este proceso se realizó sin cumplir con los requisitos legales y reglamentarios exigidos y que por ello Bedoya ya había sido notificado en febrero de 2024 que debía ir a juicio a pesar de su solicitud de preclusión del caso.Recordemos que la Procuraduría sancionó en primera instancia con suspensión de 10 meses e inhabilidad especial al exsenador por usar su investidura entre el 11 de octubre de 2018 y el primero de marzo de 2019, con el fin de obtener de manera rápida y “con una normativa ajustada a sus intereses” su título profesional.En este caso están involucrados el exrector Néstor de Jesús Hincapié, a quien se le acusa de haber coordinado la acción al poner su firma en el cartón de Bedoya, esto, supuestamente, a cambio de votos a favor de la candidata al Concejo de Medellín, Aura Marleny Arcila.Universidad de Medellín participa en cuatro procesos judiciales por título otorgado a Julián BedoyaPor estos hechos, Hincapié fue condenado a 70 meses de prisión domiciliaria y, además, fue inhabilitado para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 86 meses.Por otro lado, también están inmiscuidos el subsecretario general de la Universidad de Medellín, Juan Felipe Hernández, habría autorizado el ingreso irregular del senador en el 2018 y Yolanda Cossio, secretaria de la facultad de Derecho, también involucrada en la logística para darle el título al exsenador.Hernández tendrá que cumplir un pena en prisión de 54 meses y 66 meses de inhabilidad en funciones públicas. Mientras tanto, Cossio responderá por 65 meses de inhabilidad.No obstante, no son los únicos implicados, ya que cuatro profesores también fueron condenados, puesto que no dictaban las clases pero terminaron firmando las actas correspondientes a los exámenes no presentados por Bedoya. Por ello, pagarán 54 meses de cárcel.
Luego de que el pasado 16 de enero la Procuraduría sancionara con una suspensión de 10 meses e inhabilidad especial al exsenador liberal Julián Bedoya tras determinar que utilizó su investidura como congresista entre octubre de 2018 y marzo de 2019 para obtener de manera exprés su título como abogado en la Universidad de Medellín, la institución se pronunció.Este viernes se conoció un comunicado a través del cual el plantel si bien admitió que como respetuosos de los procesos que adelanta la justicia no es común que emitan alguna comunicación al respecto, ante las solicitudes que han recibido desde diferentes instancias aclaró las situaciones en las que está involucrada respecto al título otorgado a Bedoya.Además del caso sobre el que recientemente emitió una decisión la Procuraduría, la universidad especificó que participa en dos procesos penales; uno en el que se declaró como víctima y en el que está a la espera de que el Tribunal Superior de Medellín resuelva la impugnación que hizo la Fiscalía frente a la solicitud de preclusión del caso.Por otra parte, en otro de los pleitos en los que también fue reconocida como víctima, la institución está a la espera que el mismo Tribunal resuelva contra el fallo de primera instancia que condenó a Yolanda Cossio Rincón y Juan Felipe Hernández como responsables del delito de falsedad ideológica en documento público.Un tercer y último pleito cursa en el Consejo de Estado ante el cual la Universidad solicitó la nulidad del acto administrativo a través del cual se otorgó el título a Julián Bedoya, en nombre del Estado Colombiano, “única vía judicial”, aclara el comunicado, a través de la que se resuelve la legalidad del título.La Universidad de Medellín se encuentra involucrada en varios procesos judiciales relacionados con el título de abogado otorgado al exsenador Julián Bedoya. Estos procesos han cobrado relevancia en el ámbito judicial y político de Colombia, generando un escenario complejo que implica a varias entidades y personas.Contexto del caso Julián BedoyaIrregularidades en la obtención del título: la Universidad de Medellín retiró el título de abogado a Julián Bedoya tras detectar presuntas irregularidades en su obtención. Según investigaciones, Bedoya realizó 16 exámenes en cuatro días para graduarse, lo que levantó sospechas sobre la legitimidad de su título.Procesos judiciales involucrados: la Universidad está involucrada en cuatro procesos judiciales debido a este caso. Esto incluye procesos donde se ha cuestionado el procedimiento de graduación de Bedoya, y donde se ha analizado la responsabilidad de la institución en las presuntas irregularidades.Decisiones judiciales recientes: recientemente, el Consejo de Estado admitió una acción de la Universidad y ordenó que el proceso judicial continúe, trasladando la responsabilidad de entregar el diploma de grado al propio exsenador Bedoya, quien deberá presentar su diploma en un plazo determinado.Respuesta de Julián Bedoya: Bedoya ha respondido a estas acusaciones alegando persecución y ha afirmado que su título goza de plena validez. Ha criticado el proceso llevado a cabo por la Universidad de Medellín y la Facultad de Derecho, argumentando violaciones al debido proceso.Condenas a exfuncionarios de la Universidad: En el marco de este escándalo, dos exfuncionarios de la Universidad de Medellín fueron condenados a prisión por irregularidades relacionadas con el caso del título de Bedoya.
La Procuraduría sancionó en primera instancia con suspensión de 10 meses e inhabilidad especial al exsenador Julián Bedoya por usar su investidura entre el 11 de octubre de 2018 y el primero de marzo de 2019, con el fin de obtener de manera rápida y “con una normativa ajustada a sus intereses” su título profesional como abogado.“La Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores de Elección Popular confirmó que el entonces parlamentario logró ventajas ante la Universidad de Medellín, que se materializaron en la obtención irregular del grado expedido, producto del trato preferencial que recibió por parte del centro académico”, indicó el ministerio público.La Procuraduría determinó que hubo manipulación de los reglamentos de la Universidad de Medellín para regular los trámites y procedimientos del proceso en beneficio del entonces senador, así como en el reintegro que permitió la posterior obtención del título profesional.Además, la entidad determinó que hubo alteración de varios documentos y que la presentación de exámenes por parte de Bedoya en un mismo día no se ajustaba con los tiempos en los que cursó un alumno de pregrado e, incluso, que aprobó asignaturas sin estar registrado como estudiante para el periodo en el que supuestamente las cursó.“La Procuraduría estableció que el exsenador vulneró el principio de moralidad que regula la función administrativa y que con su actuación quebrantó su deber funcional, por lo que calificó de manera definitiva la falta como grave cometida a título de dolo, la cual será convertida a salarios de acuerdo con lo devengado en el momento de la comisión de la misma”, agregó la entidad.
Un juez penal de Medellín condenó este lunes a Yolanda Cossio Rincón y Juan Felipe Hernández Giraldo, quienes se desempeñaban como secretaria de la facultad de derecho y subsecretario académico de la Universidad de Medellín respectivamente, por el delito de falsedad ideológica en documento público en el caso Julián Bedoya.Las condenas, a 53 y 60 meses de prisión para Rincón y Hernández respectivamente, se dan en medio del escándalo por presuntas irregularidades en el proceso de titulación como abogado del exsenador Julián Bedoya Pulgarín.Ambos académicos quedaron inhabilitados para ejercer funciones públicas; Cossio fue condenada con una inhabilidad de 70 meses, Hernández fue condenado a 72 meses. Al tratarse de una decisión de primera instancia, la misma aún tiene margen para ser apelada.En el mismo documento se ratificó que Julián Toro Rendón, Juan Carlos Hoyos Loaiza, Saúl Benítez Urrego, Jhon Mario Ferrer Murillo y el ex rector Néstor Hincapie fueron absueltos de las imputaciones hechas por la Fiscalía General de la Nación.¿Qué es el caso Julián Bedoya?El denominado caso Julián Bedoya comenzó en agosto de 2023 cuando el Consejo de Estado admitió una demanda con la que se buscaba que le anularan el título de abogado al excandidato a la Gobernación de Antioquia.Sin embargo, cabe recordar que aunque un juez negó la preclusión de la investigación por presunta falsedad en documento público, igualmente, el Consejo Nacional Electoral (CNE) negó, posteriormente, la revocatoria a lo que fue la candidatura de Bedoya a la Gobernación de Antioquia.
A tan solo unos días de las elecciones regionales siguen las movidas políticas en los distintos puntos del territorio nacional; la última se dio en Antioquia, donde Julián Bedoya, candidato a la gobernación de ese departamento confirmó su adhesión a la campaña de Luis Pérez.Fue el mismo Julián Bedoya quien hizo el anuncio y manifestó que desistió de su candidatura a la Gobernación para unirse a Pérez: "Mi familia, la familia de la renovación, piensa en grande y unidos, a través de la reconciliación y la unidad, vamos todos por esta meta un millón de votos para que Luis Pérez sea el próximo gobernador", dijo.Por su parte, Luis Pérez aprovechó el momento para enviar un mensaje de unidad en una lucha por evitar la polarización, argumentando que su candidatura no es ni uribista ni petrista.En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, Pérez hizo un llamado a la unidad y trató de desligarse de los extremos; explicó que no es de derecha ni de izquierda y que su mirada es de tendencia progresista.Sobre lo que viene para el próximo domingo 29 de octubre, aseguró que “el equipo que estaba dirigiendo el doctor Julián Bedoya es un equipo de seguidores de conservadores y liberales. Lo que tiene que empezar es trabajar para que el domingo ya sepan que el candidato no es Bedoya sino Pérez”.Sobre las encuestas, detalló que siempre lo posicionaron primero y con una alta ventaja sobre el segundo, hecho que atribuyó a su gestión en sus administraciones pasadas: “Seguramente por estas obras que he hecho, yo creo que la opinión está mayoritariamente con Luis Pérez”, dijo.Finalmente reiteró que no es simpatizante de partidos de extremos como el del expresidente Álvaro Uribe Vélez o el actual presidente Gustavo Petro e incluso también se desligo del exalcalde de Medellín Daniel Quintero. “Voy a ganar la Gobernación de Antioquia sin Uribe, sin Petro y sin Quintero”, aseveró.“Yo no soy petrista, no soy de ningún extremo, ni derecha ni de izquierda, al país eso no le hace bien. Eso nos quita el espacio a dirigentes progresistas, de centro. Toda mi vida he sido un dirigente progresista, en el sentido de avanzada, de hacer obras grandes, de pensar en el futuro”, puntualizó.Durante el anuncio de su unión, Bedoya y Pérez anunciaron además que, de ganar las elecciones del próximo domingo, más del 50 % del gabinete de Luis Pérez serán mujeres.Vale aclarar que, aunque Bedoya haya renunciado a ser candidato y se haya unido a Luis Pérez, su rostro aparecerá en el tarjetón y votar por él anularía ese voto.Vea aquí la entrevista en Mañanas Blu:
Ante cientos de personas que llegaron al pabellón Amarillo de Plaza Mayor donde ambas campañas, cada una por su lado, citaron a sus seguidores, los candidatos a la Gobernación de Antioquia por el partido Demócrata Colombiano, Julián Bedoya, y el candidato a la Alcaldía por el Movimiento Medellín Nos Une, Albert Corredor, sellaron una alianza de cara a las elecciones territoriales del 29 de octubre.Una alianza inesperada, especialmente porque el exconcejal y hoy candidato a la alcaldía, Albert Corredor, trabajó de la mano con el exalcalde Daniel Quintero, por lo que se esperaba, por ejemplo, que su alianza a la gobernación fuera con el candidato del partido Independientes Esteban Restrepo.No obstante, Corredor aseguró que junto a Bedoya trabajará por el progreso de la ciudad y la región.“Bienvenidos a nuestra campaña los líderes de todos los ángulos políticos que quieran unir a Medellín para que sea una ciudad equitativa y con oportunidades para todos, especialmente para los jóvenes, las personas más vulnerables y discriminadas”, dijo Corredor sobre la alianza.Por su parte, el excongresista y candidato de la Gobernación de Antioquia, quien ha manifestado que cuenta con el apoyo de las fuerzas liberales y conservadoras, aseguró que esta con esta alianza buscan devolverle el brillo a la región.Le puede interesar:
La Policía Nacional capturó este viernes en Medellín a Robinson Alexander Foronda Galeano y Juan Esteban Atehortúa Acevedo, señalados de presuntamente perpetrar el crimen del líder comunitario Luis Fernando Osorio Soto, el pasado 3 de enero en la vereda Orizaba de Andes, Suroeste de Antioquia.Foronda y Atehortúa tenían orden de captura vigente por los delitos de homicidio agravado, desaparición forzada, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y hurto calificado y agravado, por lo sucedido a este líder, quien además era enfermero de varias zonas rurales de Andes.De acuerdo con la investigación de las autoridades, la víctima se habría resistido al hurto de su vivienda y cuentas bancarias, no obstante, en mayo de este año capturaron a Juan Esteban Acevedo Arteaga, alias 'Juancito', quien al parecer hizo retiros de las cuentas bancarias del líder social por 19 millones de pesos. En total le fueron robados, entre dinero y otros elementos de valor, algo más de 20 millones de pesos.Para el caso de alias 'Juancito', un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario el 28 de mayo, mientras avanza el proceso judicial.Los hechos ocurrieron el 29 de diciembre de 2023, cuando varios hombres armados, habrían ingresado a la vivienda de la víctima y llevado en contra de su voluntad a un sitio solitario y despoblado. Días después, el 3 de enero de este año, el cuerpo fue encontrado atado de manos y pies, además con varias heridas de arma de fuego y politraumatismos en cabeza y tórax, según la Fiscalía.
El Gobierno chileno envió este viernes a Venezuela una nota de protesta por haber impedido ingresar al país a los senadores Felipe Kast (centroderecha) y José Manuel Rojo Edwards (ultraderecha), invitados por la oposición venezolana como observadores en las elecciones del domingo en las que Nicolás Maduro busca la reelección."El Ministerio de Relaciones Exteriores citó al embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, para entregarle una nota de protesta debido a que no se permitió el ingreso a ese país a los senadores José Manuel Rojo Edwards y Felipe Kast", dijo la Cancillería en un escueto comunicado.Kast, del partido Evópoli, informó en sus redes sociales que iban a ser deportados porque no cumplían "con el perfil ni las condiciones de ingresar al país".Edwards, del ultraderchista Partido Social Cristiano, indicó por su parte que "Maduro ha traído miseria y hambre" y "debe saber que Latinoamérica entera va a defender la democracia del pueblo bravo de Venezuela".La Presidencia del Senado chileno aseguró que los hechos son "antidemocráticos" y "denotan la mayor gravedad" porque "los senadores chilenos cuentan con todas las condiciones exigidas usualmente por la República Bolivariana de Venezuela para hacer ingreso a su territorio".Maduro, en el poder desde 2013, se enfrentará el domingo a Edmundo González Urrutia, un exdiplomático de 74 años que se convirtió en el candidato de la oposición luego de que la exdiputada María Corina Machado fuera inhabilitada, y que lidera la intención de voto según las encuestadoras tradicionales del país suramericano.El chavismo, sin embargo, asegura que Maduro ganará, pese a que los sondeos independientes reflejan el hastío de gran parte de la población en medio de una feroz crisis económica que devastó al país en la última década.La deportación de los senadores chilenos tiene lugar horas después de que Venezuela impidió la entrada de una delegación de parlamentarios del Partido Popular (PP) de España y también de un grupo de expresidentes latinoamericanos en un avión que no pudo despegar desde Panamá hasta que los exmandatarios no bajaron de la aeronave.
En la semana epidemiológica que realizó, el Instituto Nacional de Salud reportó un total de 2,375 casos de hepatitis, desglosados en hepatitis B, C y coinfección B-Delta. La cifra se compone de 1,348 casos de hepatitis B, 1,025 de hepatitis C, 2 de hepatitis Delta y 1 transmisión maternoinfantil. Por otra parte, la tasa de incidencia para hepatitis B se estimó en 2.6 casos por cada 100,000 habitantes, mientras que para hepatitis C fue de 1.0 casos por cada 100,000 habitantes. La tendencia general indica un aumento en la incidencia de estas enfermedades.¿Cómo está la hepatitis en Colombia?Las ciudades con mayor número de casos de hepatitis B fueron Bogotá D.C., Medellín, Cúcuta, Barranquilla y Cali. Para hepatitis C, las principales ciudades afectadas incluyeron Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Armenia. Los casos de hepatitis D se concentraron en Bogotá D.C. y Neiva.Hombres, los más afectados por Hepatitis BEl análisis por género muestra que la hepatitis B afecta más a los hombres, con una tasa de incidencia de 3.1 casos por 100,000 habitantes, frente a 1.1 casos en mujeres. En los hombres, se observó una disminución estadísticamente significativa en los casos de hepatitis B en el grupo etario de 15 a 19 años y un aumento en el grupo de 65 a 69 años. Entre las mujeres, se registró una disminución en los casos en el rango de 30 a 34 años y un aumento en el grupo de 60 a 64 años.Disminuye la hepatitis B en mujeres embarazadas en ColombiaDe los casos de hepatitis B reportados, el 4.6 % correspondió a mujeres embarazadas, lo que representa una disminución estadísticamente significativa en comparación con el año anterior. El principal mecanismo de transmisión de la hepatitis B fue sexual, representando el 72.6% de los casos, seguido de la transmisión percutánea o parenteral con el 7.1%. Además, el 3.8% de los casos correspondió a poblaciones indígenas y el 3.6% a negros, mulatos o afrodescendientes, con una disminución estadísticamente significativa en estos últimos grupos comparado con el año anterior.
Una verdadera crisis atraviesa la negociación entre la Alcaldía de Cartagena y la Asociación Cartagenera de Cocheros en medio del proceso de sustitución de coches de tracción animal por coches eléctricos, luego de que un grupo de propietarios y conductores de coches protestaran en contra dicho proceso.Tras varios días de silencio, el alcalde Dumek Turbay se pronunció al respecto asegurando que el proceso de transición en la ciudad no tiene reversa, y que no se volverá a sentar a la mesa con quienes protagonizan esta protesta que calificó como ‘difamatoria’.“En el mes de septiembre vamos a escoger a 15 cocheros, no a dueños de coches, sino a 15 cocheros de la ciudad de Cartagena y los vamos a llevar a Santo Domingo, donde hay un proceso exitoso de sustitución de coches (…) y para los cocheros que hicieron la protesta que fue irrespetuosa, que utilizó palabras difamatorias y calumniosas con el gobierno y conmigo, pues tenemos que decirles que no tenemos nada de que hablar, el diálogo se ha roto por esa actitud, por promocionar la mentira, como argumento de defensa y por creer que amedrentan el gobierno”, dijo.El mandatario señaló que la protesta habría sido incentivada más por los “dueños de los coches que por los cocheros”, y que espera que antes de las Fiestas de Independencia ya estén en la ciudad los primeros 30 coches eléctricos.“Una cosa es el cocheros y una cosa es el dueño de los coches (…) Yo tengo la impresión que la protesta última fue de los dueños de los coches, no de los cocheros, porque lo hemos dicho es que los 60 coches que vamos a adquirir los van a administrar los cocheros, la misma Asociación de Cocheros, y los coches eléctricos tendrán todo el respaldo nuestro, dos años de garantía, dos años de acompañamiento, recursos para que ellos puedan pasar de cochero a empresarios de un servicio turístico”, sostuvo.El alcalde dijo, además, que ya tienen los recursos asegurados para la compra de los 60 coches eléctricos, y que a finales de julio estaría lista la resolución del Ministerio de Transporte que permitirá avanzar en el proceso de transición.Recordemos que el pasado 22 de julio un grupo de cerca de 30 cocheros y propietarios protestaron frente a la Alcaldía de Cartagena para exigir garantías en el proceso de sustitución y claridad sobre una resolución del Ministerio de Transporte que regulará esta actividad.Señalaron que fueron “engañados” por el alcalde Dumek Turbay y que se han sentado en mesas de negación, pero no han sido realmente escuchados.
La prohibición de un vuelo en el que exgobernantes latinoamericanos iban a viajar de Panamá a Venezuela para ser observadores electorales y la deportación de otros veedores aumentaron este viernes la tensión antes de las presidenciales del fin de semana, en las que Nicolás Maduro busca un tercer mandato.Maduro, de 61 años y en el poder desde 2013, tiene como principal rival al diplomático Edmundo González Urrutia, de 74, postulado por la alianza opositora Plaforma Unitaria ante la inhabilitación política de su candidata original, María Corina Machado, y otros dirigentes.Autoridades venezolanas impidieron el despegue desde el aeropuerto panameño de Tocumen de un vuelo de Copa Airlines que tenía entre sus pasajeros a los exmandatarios, denunció este viernes el presidente de Panamá, José Raúl Mulino.Se trata de los exgobernantes Mireya Moscoso (Panamá), Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica), Jorge Quiroga (Bolivia) y Vicente Fox (México), miembros de la derechista Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA) y fuertes críticos de Maduro."El avión (estaba) lleno, completamente lleno, de venezolanos que iban a votar", relató Moscoso en una rueda de prensa. "Vimos lágrimas, (gente) llorando diciéndonos: ¡por favor, quédense, no se vayan!".Fox, en tanto, lo consideró una "mala señal".El miércoles, el poderoso líder chavista Diosdado Cabello adelantó que se les impediría la entrada."Si usted no está invitado a una fiesta, ¿qué le dicen? (...), le dicen: 'por favor, tenga la amabilidad, y se retira' (...). No están invitados, son showseros", dijo Cabello en su programa en la televisión estatal. "Acá no van a venir a joder", agregó.Diez congresistas y eurodiputados del Partido Popular (PP) español, así como una parlamentaria de Colombia y otra de Ecuador, denunciaron después su deportación a su llegada al aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas."Nos expulsan (...). Lamentablemente la policía de Maduro es implacable", dijo en la red social X el portavoz parlamentario del derechista PP, Miguel Tellado.Consultado sobre el caso de los expresidentes del Grupo IDEA, un funcionario de Estados Unidos que pidió anonimato solicitó al gobierno venezolano "reconsiderar esta decisión y permitir una mayor presencia internacional".Estos incidentes se suman a las alarmas que despertó en la región una advertencia de Maduro sobre "un baño de sangre" si ganase la oposición, palabras por las cuales los presidentes de Brasil y Chile, Luiz Inácio Lula da Silva y Gabriel Boric, expresaron preocupación.Todo listo Estados Unidos, la Unión Europea y la mayoría de los gobiernos de América Latina desconocieron la reelección de Maduro en 2018 en elecciones boicoteadas por la oposición, que las calificó como un fraude."Tenemos todo listo", dijo este viernes el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, en un acto en Caracas con veedores internacionales que sí fueron invitados.El proceso de instalación de las más de 30.000 mesas de votación se puso en marcha en horas de la mañana, marcado por denuncias de activistas opositores sobre retrasos. Sin embargo, el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, defendió el despliegue del Plan República, el operativo de seguridad para custodiar los comicios."¡Alerta! Se pretende desde ya, con denuncias tendenciosas a través de las RRSS (redes sociales), enrarecer el clima electoral", cuestionó en X Padrino, quien esta semana negó que la Fuerza Armada vaya a ser "árbitro".González Urrutia pidió a esa institución "respetar y hacer respetar" los resultados en las urnas.Machado informó que conversó con los presidentes de Argentina, Javier Milei; Paraguay, Santiago Peña; y Uruguay, Luis Lacalle Pou. Les agradeció en X "su solidaridad y respaldo" en la "lucha por la democracia"."Siempre estaremos junto al pueblo venezolano", le respondió Milei.Detenciones masivas La ONG de derechos humanos Foro Penal denunció también este viernes que 135 personas vinculadas con la campaña del opositor González Urrutia han sido arrestadas, de las cuales 47 permanecen detenidas."Desde enero hasta acá se han producido 149 arrestos arbitrarios por motivos políticos (...) y 135 están directamente vinculados con lo que fue la gira nacional y la campaña ya propiamente dicha de María Corina Machado con Edmundo González Urrutia", dijo a la AFP su director, Gonzalo Himiob.Hay 10 candidatos en este proceso electoral al que están llamados a participar 21 millones de los 30 millones de venezolanos. Las encuestas favorecen a González Urrutia, pero el chavismo las desestima y acusa a sus adversarios de planear desconocer los resultados y generar violencia.