La Contraloría Distrital de Bogotá dio a conocer un informe en el que detalla 86 hallazgos, de los cuales 45 son administrativos, 38 disciplinarios, 2 penales y 1 fiscal por un billón de pesos en el proceso de selección del interventor del proyecto de la primera línea del metro de Bogotá.
Uno de los hallazgos se habría dado, según la Contraloría, porque “la Empresa Metro, en el proceso de selección GT-GCCD-101-2019, no efectuó un análisis de los elementos esenciales de planificación que fundamentaron en el estudio de mercado, análisis de sector y los estudios previos, direccionando la contratación a esta única firma,” señala el documento.
Esto generó un sobrecosto por valor de $1.048.223.400, violando los principios de la contratación estatal y los constitucionales de la función administrativa.
Se observa por parte de este equipo auditor que el análisis de sector incluye, como sondeo de mercado, la experiencia del proponente seleccionado KONFIRMA, desconociendo que se trata de documentos previos, lo que presume una selección direccionada
Dice que, en la aplicación del principio de transparencia, “la selección de este contratista debió basarse en criterios de objetividad, neutralidad y claridad de las condiciones técnicas, jurídicas, económicas y financieras, que permita una escogencia objetiva del contratista idóneo que ofrezca la oferta más favorable para los intereses de la Administración”.
La Contraloría de Bogotá presenta como prueba de este presunto direccionamiento el hecho de que en el acta No. 89 de la junta directiva de la firma Konfirma S.A.S., con fecha 31 de agosto de 2018, “consta el ánimo decisorio de la EMB de contratar con esta firma, sin que la invitación a cotizar con los interesados se hubiese llevado a cabo aún se establezca (...)”.
Así mismo establece el informe de auditoría que los requisitos de idoneidad y experiencia exigidos en el proceso de selección de la firma Konfirma S.A.S son generales y ambiguos “desconociendo que se trata de actividades especializadas y altamente calificadas”.
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Por eso, señala la Contraloría “se configura el hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y penal, se hará traslado a la Personería de Bogotá y a la Fiscalía General de la Nación”.
