IDU y consorcios deberán indemnizar con $80 millones por tragedia de 21 Ángeles en Suba
El Consejo de Estado declaró responsables al IDU y a contratistas encargados de ejecutar obras de la fase II de TransMilenio por hechos relacionados con la muerte de 21 niños del colegio Agustiniano Norte en 2004.
Hace más de dos décadas la tragedia de los niños del Colegio Agustiniano Norte enlutó a todo el país, 21 pequeños murieron luego de que una enorme máquina les cayera encima cuando se transportaban en su ruta por la Avenida Suba. Actualmente, luego de 21 años el Consejo de Estado tomó una importante decisión dentro de este proceso.
El alto tribunal responsabilizó al Instituto de Desarrollo Urbano IDU, al Consorcio Alianza Suba Tramo II y al Consorcio Interventoría Suba II por la tragedia ocurrida el 28 de abril de 2004 en la avenida Suba con calle 138, en Bogotá, cuando una máquina recicladora de asfalto se volcó sobre un bus escolar del Colegio Agustiniano Norte, causando la muerte de 23 personas, la mayoría niños y dejando 24 heridos.
En sentencia de segunda instancia, proferida el 14 de julio de 2025, la Sección Tercera del Consejo de Estado concluyó que hubo omisiones en la vigilancia y control del traslado de maquinaria pesada durante la ejecución de las obras, lo que configuró una falla en el servicio.
“CONDENAR solidariamente al Consorcio Alianza Suba Tramo II, el Instituto de Desarrollo urbano y al Consorcio Interventoría Suba II a pagar, por lucro cesante, la suma de $77.463.858 a la Orden de Agustinos Descalzos”, se lee en el fallo.
Tragedia 21 Ángeles en Suba, Bogotá
Foto: captura de video Noticias Caracol
El alto tribunal condenó solidariamente al IDU y a los dos consorcios a indemnizar a la Orden de Agustinos Descalzos, propietaria del vehículo y representante del colegio, por los perjuicios ocasionados. El fallo ordena el pago de $1.975.122,35 por daño emergente y $77.463.858 por lucro cesante, aunque negó el reconocimiento de ingresos dejados de percibir por transporte escolar al no encontrarse pruebas suficientes.
La decisión modificó parcialmente un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de 2019, que ya había declarado responsables a las entidades y contratistas vinculados.
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El Consejo de Estado descartó, además, la responsabilidad de otras instituciones como la Policía Nacional y TransMilenio S.A., al no encontrar pruebas de omisión directa en los hechos.