La Fiscalía imputó al coronel Carlos Feria, jefe de seguridad del presidente Petro, y al jefe de la oficina de polígrafo, Elkin Gómez, los delitos de peculado por uso, abuso de función pública y constreñimiento ilegal. Sin embargo, al intendente John Sacristán se le añade un delito más: acceso abusivo a sistema informático agravado. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.
Los funcionarios habrían hecho uso irregular de sus cargos y de los bienes del Estado para realizar el examen a una persona que cumplía labores domésticas en la casa de la exjefe de Gabinete de la Presidencia de la República Laura Camila Sarabia Torres.
Según la Fiscalía, el coronel Carlos Alberto Feria; el jefe de la Oficina de Polígrafos del Grupo de Estudios de Seguridad, capitán Elkin Augusto Gómez Gutiérrez; y el intendente Jhon Alexander Sacristán Bohórquez estarían involucrados en varias actuaciones irregulares, incluida la práctica del polígrafo a Marelbys Meza Buelvas, exniñera de Sarabia Torres.
De acuerdo con las pruebas de la Fiscalía, el coronel Feria Bohórquez, al parecer, ordenó a varios de sus subalternos encontrar un dinero que se perdió en la casa de Laura Sarabia Torres el 29 de enero, y dispusieron de un vehículo oficial para trasladar a Marelbys Meza desde su casa en Soacha (Cundinamarca) hasta el edificio Galán, donde funciona la sala de polígrafo de la Casa de Nariño.
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Por otra parte, el capitán Gómez Gutiérrez y el intendente Sacristán Bohórquez, presuntamente, recibieron a la mujer, le quitaron el celular y le realizaron la prueba, en la que hicieron preguntas que sugerían la responsabilidad de la exniñera en la pérdida del dinero. Cuando terminó la prueba, los uniformados le devolvieron el teléfono a Marelbys Meza. Al parecer, la exempleada desbloqueó el equipo e inmediatamente el intendente se lo arrebató nuevamente y lo retuvo mientras extraía información, según la Fiscalía.
Para el ente acusador, el coronel Feria Bohórquez y los otros dos funcionarios, presuntamente, abusaron de su cargo y autoridad al vulnerar la autonomía de Meza Buelvas y someterla a un trato injusto. Además, habrían destinado recursos y activos del Estado para practicarle la prueba del polígrafo, que está autorizada para el personal vinculado al Gobierno nacional y no para personal externo.
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