La Fiscalía les imputó cargos al exconcejal de Bogotá Felipe Ríos Londoño y sus tíos, los empresarios Javier y Carlos Mario Ríos Velilla, como presuntos responsables por el delito de violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades porque, al parecer, los últimos controlaban la empresa Recaudó Bogotá, que se ganó el contrato para la operatividad y el recaudo del sistema integrado de transporte masivo en el 2011, cuando, supuestamente, debían declararse impedidos para contratar con el Estado al tener un familiar en el Concejo.
“Felipe Ríos ostentaba el cargo de concejal entre el 2008 y el 2011, mientras usted ejercía las funciones. El 25 de abril, TransMilenio realizó una nueva apertura de la licitación 003 del 2011 para adjudicar el contrato de concesión para el diseño, suministro, implementación, operación y mantenimiento de los diferentes subsistemas del Sirci, donde la empresa Recaudo Bogotá, controlada por sus parientes, tíos Javier y Carlos, a través de las sociedades Data Tools y EDTK Konsultores. El 1 de agosto se suscribe el contrato de concesión 001 del 2011 entre el representante de TransMilenio y de la empresa de Recaudo Bogotá”, explicó la fiscal del caso, Angélica Monsalve.
Según la fiscal, la Constitución, la Ley 80 de contratación y el Código Penal son claros al señalar que no se puede contratar con el Estado si tiene un familiar en el Concejo, por ejemplo, como en este caso. Aseguró la delegada del ente acusador que en el caso del exconcejal debió oponerse a la contratación.
“Era su deber legal, conforme a la Ley 190 del 95, el artículo 6, que dispone que cuando sobrevenga al acto de nombramiento alguna inhabilidad o incompatibilidad, el servidor público deberá advertirlo inmediatamente a la cual preste el servicio. Deber que usted incumplió, pues revisadas las actas del Concejo del 2008 al 2011, se evidencia que usted no manifestó ningún conflicto de intereses al respecto al sistema de transporte y mucho menos advirtió ninguna inhabilidad o incompatibilidad respecto al tema de transporte masivo para Bogotá y específicamente, la licitación y posterior contratación entre TransMilenio y Recaudo Bogotá”, agregó la fiscal.
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Dijo la Fiscalía que, con ese actuar, los tres violentaron el bien jurídico de la administración pública. Incluso, sobre Javier y Carlos Ríos Velilla, añadió la fiscal, en el momento de la adjudicación dijeron que no tenían inhabilidades para contratar con el Estado.
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“Ustedes, por medio de esa empresa, enviaron carta remisoria, suscrita por la representante legal Nohora Patricia Acero, en la que señalaron que la empresa Recaudo Bogotá no estaba inmersa en ninguna causal de inhabilidad y/o incompatibilidad de las establecidas a la ley. En consecuencia, el 1 de agosto del 2011, se suscribió el contrato de concesión del Sirci 001 del 2011 (…) es así que, en las actividades investigativas, se corroboró que los verdaderos controlantes son ustedes Carlos y Javier”, puntualizó la fiscal.
Los tres imputados del declararon inocentes de los hechos.
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