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El Inpec reintegró a sus labores al dragoneante Carlos Alberto Hernández Alarcón, quien todavía tiene una investigación penal abierta por los delitos de concierto para delinquir, tráfico y fabricación o porte de estupefacientes.
El dragoneante, que fue capturado el 8 de octubre de 2019 en la cárcel de Cúcuta junto con cinco funcionarios más, como presuntos responsables de la comercialización de drogas al interior del centro penitenciario, se encuentra en libertad por vencimiento de términos, su proceso todavía está abierto y cursa una investigación penal en su contra; sin embargo, el Inpec tomó la decisión de reintegrarlo a sus labores en la cárcel La Modelo de Bucaramanga.
El documento que dejó en firme su reintegro laboral se sustenta en la resolución 010301 del 28 de diciembre del 2021, que fue firmada por el director general (e) del Inpec, Joaquín Darío Medrano Muñoz, quien el 23 de febrero pasado avaló el permiso de salida de la cárcel La Modelo del empresario Carlos Mattos.
En el oficio se lee que el Grupo de Administración de Talento Humano del Inpec, en decisión del 3 de noviembre del 2021, definió que el reintegro del funcionario debía ser en la cárcel de mediana seguridad de Bucaramanga, Santander, municipio donde nació Hernández Alarcón el 27 de junio de 1991.
Aparte de esta decisión, el Inpec también definió que se le reconociera al funcionario “los salarios dejados de percibir cuando haya sentencia absolutoria definitiva en su favor”; esto haciendo referencia a la orden judicial que lo dejó en libertad condicional desde el 14 de septiembre de 2021.
“Esto nos parece injusto porque con funcionarios que realmente cumplen sus funciones el Inpec es inoperante. Solo se mueve con esos funcionarios que le han incumplido al Estado colombiano”, denunció Esmeralda Echeverry, directora general de la Fundación Cárceles al Desnudo, además señaló: “Diariamente reciben 30 quejas de irregularidades en cárceles de todo el país, muchas de ellas relacionadas con vulneraciones de derechos humanos a los internos y otras con posibles actos de corrupción durante el servicio penitenciario”.
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