JEP ordena protección de profesora que custodia restos de desaparecidos

La Justicia Especial para la Paz ordenó adoptar las medidas especiales de protección para la profesora Timisay Monsalve Vargas, que ya había ingresado en septiembre del año pasado el grupo de Protección a Víctimas y Testigos.

Monsalve es profesora-investigadora y directora del laboratorio de Antropología Osteológica y Forense del departamento de Antropología de la Universidad de Antioquia, el espacio donde reposan varios restos óseos de posibles víctimas del conflicto o desaparición forzada, entre ellos los exhumados del cementerio de Dabeiba, la que se cree es la fosa común de presuntos falsos positivos más grande del país.

La decisión de la JEP implica para la investigadora "un esquema de protección tipo 1 confirmado por un vehículo y dos hombres de protección. La medida debe ser extensiva a su núcleo familiar y deberá contar con un chaleco blindado y un medio de comunicación", dice la JEP.

La solicitud de protección para la profesora e investigadora la hizo la Dirección de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, que pidió medidas que se consideren necesarias para garantizarle la seguridad.

En dicha solicitud "se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones: población objeto, contexto de la zona donde reside, contexto de la zona donde labora, los desplazamientos que realiza y el entorno social (...) así mismo se contempló las vulneraciones asociadas a la labor que adelanta ante la Jurisdicción Especial", se lee en la decisión.

Según la JEP, aunque la investigadora ya había enfrentado riesgos para su seguridad desde 2010, estos pudieron agudizarse tras la audiencia de la JEP para buscar a posibles desaparecidos sepultados presuntamente en la zona de influencia de Hidroituango, donde Monsalve Vargas fue testigo clave para entender por qué se realizaron exhumaciones en cementerios de la región.

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Además, la investigadora y profesora de la Universidad de Antioquia también está inmersa en el proceso que adelanta la JEP para buscar a desaparecidos de la comuna 13 de Medellín.

Es por eso que, tras el análisis de la situación de la investigadora, la JEP considera que está en riesgo extraordinario y pide protección.

Las medidas especiales adoptadas por la JEP para la investigadora tienen una vigencia inicial de seis meses.