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A pocos días del vencimiento de términos, el proceso por presunta violencia intrafamiliar contra el exembajador de Colombia en Ghana, Daniel Garcés Carabalí, continúa sin que la Fiscalía haya radicado escrito de acusación, una situación que mantiene en alerta a las víctimas y a su representación judicial. El límite para que el ente acusador tome esta decisión se cumpliría a inicios del mes de febrero.
Así lo advirtió el abogado Felipe Alzate, apoderado de Beatriz Niño, exesposa del exdiplomático y víctima en el proceso. “Seguimos a la espera de que la Fiscalía, la delegada ante la Corte, acuse al exembajador, lo llame a juicio. Tiene que ser una decisión pronto, porque evidentemente van corriendo términos de cara a que se tome esta decisión e inicie la fase de juzgamiento”, señaló el jurista, al precisar que el vencimiento se produciría a comienzos de febrero.
La Fiscalía imputó a Daniel Garcés Carabalí por conductas relacionadas con presuntos abusos contra su exesposa, Beatriz Niño. Durante la audiencia de imputación, la fiscal del caso sostuvo que, durante la convivencia, el entonces embajador habría ejercido violencia sexual, física, psicológica y económica, e incluso habría instrumentalizado a sus hijos para presionar a la víctima. Garcés no aceptó los cargos formulados por el ente acusador.
El expediente no solo avanza en el frente penal contra el exembajador. Según la defensa de las víctimas, actualmente existen varias líneas de investigación abiertas. Una de ellas se centra en dos testigos que cambiaron su versión de los hechos, asunto que es indagado por la Fiscalía General de la Nación por un posible falso testimonio. De manera paralela, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial adelanta actuaciones relacionadas con el rol del abogado Miguel Ángel del Río, defensor de Garcés Carabalí.
En este contexto, el abogado Felipe Alzate ganó recientemente un pulso jurídico. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial decidió no abrir investigación en su contra, luego de una queja presentada por la defensa del exembajador, que alegaba presuntas afectaciones al derecho de defensa por supuestas filtraciones de testimonios y pruebas bajo reserva. La Comisión se inhibió y rechazó de plano la queja.
Alzate aseguró que la denuncia carecía de sustento. “La representación de víctimas tiene toda la facultad de solicitar copias del expediente en la etapa de indagación y de proponer labores investigativas. Además, ni mi defendida ni yo hemos filtrado un solo elemento de prueba a los medios de comunicación”, afirmó.
Las actuaciones disciplinarias, sin embargo, no concluyen allí. Beatriz Niño también presentó una denuncia contra el abogado Miguel Ángel del Río, relacionada con el cambio de versión de dos niñeras que habrían sido testigos de hechos de violencia. Según Alzate, existen audios, conversaciones y seguimientos que evidenciarían el temor que estas testigos manifestaron durante años, antes de modificar sus declaraciones. Por estos hechos, la Comisión de Disciplina Judicial de Bogotá citó a Miguel Ángel del Río a rendir versión libre el próximo 2 de febrero de 2026.
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