Las denuncias en la Fiscalía contra Guillermo Grosso y Eva Carrascal

La noticia de la captura de Guillermo Grosso y Eva Carrascal, además de otros dos personajes de la salud, ya empezó a causar un nuevo terremoto en el sector solo una semana después del embargo de la Contraloría a diez aseguradoras en el supuesto cartel de las EPS.Vea también Fallo sobre responsables fiscales no es contra Gustavo Petro: magistrado LinaresEva Katherine Carrascal Cantillo ocupó durante más de tres años un cargo de mucha influencia y poder en la Superintendencia Nacional de Salud.Carrascal era la superintendente delegada para la supervisión institucional, manejaba cerca de 150 personas en su equipo y, luego del superintendente, ostentaba el cargo más importante en la entidad. De hecho, Carrascal podía fundamentar una medida de intervención. En enero del 2018 la Procuraduría General decidió suspenderla porque supuestamente se aprovechaba de su poder para cobrar coimas a algunas EPS e IPS a cambio de no sancionarlas.Casi un año después, la Fiscalía decidió capturarla justamente por haber probado a través de audios que esta práctica sucedía. Según en el ente investigador, Carrascal utilizó información privilegiada y así se beneficiaba de su poder. El procurador general Fernando Carillo dijo que el Ministerio Público continuará indagaciones en otros casos relacionados con los mismos personajes.“Hay acciones que comienza la Procuraduría y termina la Fiscalía. Nosotros tenemos suficientes elementos para indagación y la acción disciplinaria tras la decisión de la Fiscalía”, explicó.Pero hay otra historia. En enero de este año, una vez se conoció la decisión de la Procuraduría, el exsuperintendente Luis Fernando Cruz le pidió su carta de renuncia a Carrascal. Ella no la entregó y por ello fue declarada insubsistente, pese a esto, la secretaria general de la Superintendencia no quiso firmar la determinación. En ese momento hubo un conflicto en la entidad y Carrascal terminó interponiendo una demanda laboral que hoy todavía está por decidirse. Según fuentes del sector salud, cuando el superintendente Norman Julio Muñoz decidió renunciar definitivamente a su cargo luego de una prórroga de suspensión de la Procuraduría por sus actuaciones sobre Medimás, Carrascal quería ser superintendente. De hecho, altos funcionarios del Gobierno y del Partido Liberal le sugirieron al presidente Santos y al ministro Gaviria la hoja de vida de la delegada. Pero el Ministerio decidió nombrar a Cruz Araujo.Además, tres años atrás, el 18 de febrero de 2016 fue radicada en la Fiscalía una demanda contra Carrascal y Guillermo Grosso porque Carrascal Cantillo jugó un rol determinante en la autorización de traslado de más de 4 millones de afiliados de Saludcoop a Cafesalud luego de la intervención y liquidación coordinada por el Gobierno.Según la denuncia, Carrascal autorizó ese traslado a partir de la resolución 2422 del 05 de noviembre de 2015 para más de 4,6 millones de usuarios de Saludcoop a Cafesalud, “decisión que fue concertada entre los señores Guillermo Grosso Sandoval, representante legal de Cafesalud EPS, y Luis Martín Leguizamón Cepeda, agente liquidador de Salucoop, y con la que se violan deliberadamente las normas que obligan al Estado a respetar, proteger, garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud”, se lee en el documento.Los demandantes argumentaron que en ese momento Cafesalud no podía registrar un número de afiliados efectivos mayor a la capacidad máxima de afiliación autorizada por la Superintendencia. La propia Carrascal, mediante la resolución 2379 del 20 de noviembre de 2015, autorizó una capacidad máxima de 2.806.858 usuarios para el régimen contributivo. En ese año la EPS tenía cerca de 700.000 personas en el contributivo. Sin embargo, a pesar de la reglamentación de la Superintendencia, Carrascal aprobó el traslado de los cuatro millones de afiliados y hoy se sabe que una de las causas de la quiebra de Cafesalud fue su incapacidad para asumir y atender a todos esos pacientes, razón por la que tuvo que ser vendida a Prestnewco, dueños hoy de Medimás.Esta denuncia llegó al despacho del vicefiscal de ese año, Jorge Fernando Perdomo Torres, y aún se encuentra vigente en la Fiscalía General.