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‘Ñeñepolítica’: ratifican libertad a policías investigados por chuzar ilegalmente en el proceso

El tribunal reafirmó su decisión luego de que, en marzo pasado, la Corte Suprema de Justicia decretó la nulidad de todo lo actuado desde este año porque la Fiscalía no había sido notificada de la decisión.

Justicia administrativa : Foto: Rama Judicial.jpeg
Justicia administrativa /
Foto: Rama Judicial

El Tribunal Superior de Bogotá ratificó la libertad que le otorgaron en febrero de este año al mayor de la Policía Jefferson Tocarruncho y al intendente Wadith Velásquez, investigados por interceptar ilegalmente a cinco de sus colegas en Cali , en medio del proceso en el que investigaban al ‘Ñeñe’ Hernández.

El tribunal reafirmó su decisión luego de que, en marzo pasado, la Corte Suprema de Justicia decretó la nulidad de todo lo actuado desde este año porque la Fiscalía no había sido notificada de la decisión del tribunal.

En su decisión, el Tribunal reitera que los dos procesados deben continuar su proceso en libertad.

Tutelar los derechos constitucionales fundamentales al debido proceso y a la libertad de que son titulares los procesados Yeferson Fabián Tocarruncho y a Wadith Velásquez García”, dice el documento.

Así las cosas, con su decisión deja sin efecto las que fueron tomadas anteriormente, el 10 de junio de 2020 y el 13 de noviembre de 2020, por los Juzgados 62 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá y el Juzgado 3 Penal del Circuito con función de conocimiento transitorio de Bogotá, que impusieron medidas de aseguramiento de detención preventiva en su lugar de residencia en contra de Tocarruncho y García.

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Este es el comunicado de tribunal:

La Sala de Decisión de Tutelas No. 2 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió decretar la nulidad de todo lo actuado a partir de la notificación del auto del 20 de enero de 2021, proferido por la Sala de Penal del Tribunal Superior de Bogotá, admisorio de la demanda de tutela, para que comunique la interposición de la acción a las partes e intervinientes del proceso penal objeto de debate constitucional, con el fin de integrar debidamente el contradictorio
dice el documento.

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