El Tribunal Superior de Bogotá ratificó la libertad que le otorgaron en febrero de este año al mayor de la Policía Jefferson Tocarruncho y al intendente Wadith Velásquez, investigados por interceptar ilegalmente a cinco de sus colegas en Cali, en medio del proceso en el que investigaban al ‘Ñeñe’ Hernández.El tribunal reafirmó su decisión luego de que, en marzo pasado, la Corte Suprema de Justicia decretó la nulidad de todo lo actuado desde este año porque la Fiscalía no había sido notificada de la decisión del tribunal.En su decisión, el Tribunal reitera que los dos procesados deben continuar su proceso en libertad.“Tutelar los derechos constitucionales fundamentales al debido proceso y a la libertad de que son titulares los procesados Yeferson Fabián Tocarruncho y a Wadith Velásquez García”, dice el documento.Así las cosas, con su decisión deja sin efecto las que fueron tomadas anteriormente, el 10 de junio de 2020 y el 13 de noviembre de 2020, por los Juzgados 62 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá y el Juzgado 3 Penal del Circuito con función de conocimiento transitorio de Bogotá, que impusieron medidas de aseguramiento de detención preventiva en su lugar de residencia en contra de Tocarruncho y García.Este es el comunicado de tribunal:
El diario El Espectador reveló en primicia un documento en el que se puede apreciar como desde la oficina del expresidente Álvaro Uribe se agendó una de José Guillermo Ñeñe Hernández al Congreso de la República.Esto se da tras como respuesta a un derecho de petición al procurador delegado para la Defensa del Patrimonio Público, la Transparencia y la Integridad, Edwin Molano.Desde el Congreso de la Republica señalaron que el ganadero ‘Ñeñé’ Hernández, que es el centro del escándalo de la campaña de Duque Presidente, fue agendado en mayo del 2016.El documento llegó a la dirección para responder el mencionado derecho de petición requerido en mayo y junio del 2020.Según el escrito la empresa Best Techologies, firmado por Luis Guillermo Pachón que es su representante legal, se indica que ‘Ñeñe’ Hernández fue agendado desde la oficina del excongresista.El documento agrega que la visita no se realizó y tampoco quedó evidencia del ingreso de Hernández al Capitolio.En el escrito se informa que el agendamiento a Hernández fue por el usuario con código único en el sistema número 100211 y la cédula correspondiente al entonces senador Álvaro Uribe Vélez.Al respecto, el expresidente se refirió al tema mediante un mensaje en el que indica que "Nunca autoricé la entrada del señor Hernández al Congreso”.El agendamiento al parecer habría sido por María Claudia Daza, quien para la época ya hacía parte de la Unidad de Trabajo Legislativo como lo aclara el expresidente.“La señora Daza entró a la UTL el 16 de marzo de 2016, el agendamiento fue en mayo de 2016”, concluye.Vea el documento completo aquí: .
La Procuraduría pidió al Consejo de Estado no decretar la “muerte política” al congresista Gustavo Petro, luego de que el abogado José Manuel Abuchaibe dijera que incumplió con algunos deberes como senador, al supuestamente hacer un llamado a la desobediencia civil tras conocerse el escándalo de la ‘Ñeñepolítica’.Al respecto, Abuchaibe insistió en que debe haber límites en la actuación de los servidores públicos.“Creemos que cuando Petro lanzó afirmaciones contra la legitimidad del presidente. A solicitar que no pagaran los impuestos, a una desobediencia civil en todos los sentidos, creímos que estaba violentando la Constitución Política en el artículo 133, que los obliga, como servidores públicos, a actuar consultando la justicia y el bien común”, dijo en BLU Radio.El abogado manifestó que, si el Consejo de Estado no decreta la pérdida de investidura del líder de la Colombia Humana, abriría la puerta para que más casos de “incitación” se presenten.“Todos los diputados, concejales y congresistas podrán a hacer lo mismo”, puntualizó.Según la Procuraduría, Petro habría incurrido en una violación de deberes del congresista, pero que no consagra una sanción grave para imponer la pérdida de investidura.
El Tribunal Superior de la Bogotá ordenó la libertad inmediata del mayor Yeferson Fabián Tocarruncho y del sargento Wadith Miguel Velásquez, después de resolver, a su favor, una acción de tutela que interpuso la defensa de los uniformados, Miguel Ángel del Río.En junio del año pasado, el juez 62 de garantías de Bogotá envió a casa por cárcel al mayor Tocarruncho y al sargento Velásquez capturados por interceptar ilegalmente, supuestamente, a cinco de sus compañeros en Cali, en medio del proceso en el que investigaban al ‘Ñeñe’ Hernández como supuesto determinador del homicidio de Óscar Rodríguez, hijo del sastre Carlos Rodríguez, de Barranquilla.Según la Fiscalía, los dos policías cometieron el ilícito con el fin de establecer si se habían robado unos dineros en un allanamiento en Cali.“Para el despecho sí existe una inferencia razonable de autoría, existe varios elementos que dan cuenta de la posible participación del mayor Tocarruncho y el sargento Wadith Velásquez. Existía un móvil que fue el que provocó toda esa serie de actuaciones irregulares”, concluyó el juez.El abogado de los policías había planteado que se trataba de un montaje judicial que había iniciado en el 2017, cuando el entonces subdirector de la Policía, general Ricardo Restrepo, había tratado de trasladarlo como un mandado, supuestamente, de Marquito Figueroa a través de su amigo el ‘Ñeñe’ Hernández. Incluso, que el año pasado les habían contado que se venía un montaje judicial por el que Marquitos había ordenado pagar “lo que fuera necesario” a altas esferas de la justicia.El juez desvirtuó esa hipótesis, pues aseguró que no habían pruebas de ello.El mayor de la Policía, Yeferson Fabián Tocarruncho Parra y del sargento Wadith Miguel Velásquez García se declararon inocentes de los cargos imputados por la Fiscalía, por los delitos de fraude procesal, violación ilícita de comunicaciones, falsedad ideológica en documento público y uso ilícito de comunicaciones.
Un juez envió a la cárcel a tres policías que trabajaban en la URI de Valledupar y que, al parecer, serían responsables de conformar una red de prostitución y de corrupción al interior de la URI.Los policías fueron imputados como presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir, concusión, cohecho propio, constreñimiento a la prostitución y tortura.Se trata de los uniformados Sergio Antonio Mendoza, Edwin Calderón Vargas y Ellelvis Luis Alarcón, quienes fueron enviados a la cárcel por los hechos.Según la investigación, entre enero y noviembre de 2020, los uniformados se orquestaron para, al parecer, exigir dinero a personas que se encontraban recluidas en la URI para darles beneficios como: comodidad al interior de las celdas, tener relaciones sexuales entre los internos, permitir el ingreso de personas externas, celulares de todas las gamas, realización de fiestas privadas en la sala de audiencias URI, entre otros.El patrullero capturado Edwin Calderón, auxiliar de información en Valledupar, es el mismo que, según la Fiscalía, fue uno de los cinco chuzados ilegalmente por los investigadores del caso contra el ‘Ñeñe’ Hernández, quienes estaban investigando si esos cinco uniformados se habían robado unos dineros en un allanamiento en Cali.Los dos policías, que estaban adscritos a la Dijín , son Yeferson Fabián Tocarruncho y al sargento Wadith Miguel Velásquez, capturados por interceptar ilegalmente, supuestamente, a sus compañeros en Cali, en medio del proceso en el que investigaban al ‘Ñeñe’ Hernández como supuesto determinador del homicidio de Óscar Rodríguez, hijo del sastre Carlos Rodríguez de Barranquilla.
El gerente de la campaña Duque Presidente, Luis Guillermo Echeverri, se presentó ante los magistrados del Consejo Nacional Electoral en el marco de una investigación que adelanta el órgano dentro del llamado caso de la ‘Ñeñepolítica’.En las declaraciones que entregó a los magistrados Virgilio Almanza, César Abreo y Jaime Lacouture, Echeverri aseguró que solo recibió 232 cheques de personas aportantes a la campaña.Echeverri les aseveró a los magistrados del Consejo Nacional Electoral que ni el presidente Duque ni el exsenador Álvaro Uribe tuvieron injerencia en el manejo de los recursos de la campaña.En el interrogatorio, los magistrados le preguntaron a Echeverri por la participación e injerencia de María Claudia Daza, conocida como ‘Cayita’ Daza, teniendo en cuenta lo dicho por ella en las conversaciones que fueron interceptadas por las autoridades colombianas.También se presentó la directora del Partido Centro Democrático Nubia Stella Martínez, quien es investigada por la triangulación de unos recursos entre la campaña y la coalición.En su declaración, Martínez señaló que el partido hizo un préstamo que no superó el 20% de todos los gastos de campaña y afirmó, además, que se hizo un préstamo a un banco por 291 millones de pesos que fueron dirigidos a la campaña y que luego se pagó con la reposición de votos.María Claudia 'Cayita' Daza también se presentó al CNE, pero se acogió a su derecho de guardar silencio.
En las últimas horas se presentó en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, María Mónica Urbina y María Claudia Daza, más conocida como ‘Cayita’ Daza, quien fue citada en el proceso que se adelanta al presidente de la Republica, Iván Duque, por el caso de la ‘Ñeñepolítica’.La diligencia duró unos 20 minutos y la exreina, María Mónica Urbina, se presentó con su defensa.Otro que también fue esperado y no se presentó, fue el gerente de campaña Luis Guillermo Echeverri, quien será citado nuevamente en los próximos días cuando se presente un nuevo auto de citación a los implicados.
El representante a la Cámara Fabián Díaz denunció ante la Organización de Estados Americanos (OEA) al gobierno del presidente Iván Duque supuestamente por la infracción a la carta democrática interamericana y a la falta de garantías en el proceso que se sigue en su contra por la presunta vinculación con José ‘Ñeñe’ Hernández y la supuesta compra de votos en su campaña a la presidencia en 2018.En la denuncia radicada ante el secretario general Luis Leonardo Almagro, al secretario para el fortalecimiento de la democracia Francisco Guerrero y ante el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrao, y conocida por BLU Radio, el representante recopiló varios de los audios que supuestamente establecerían la relación del mandatario con el Ñeñe.Argumenta que, el proceso por la ‘Ñeñepolítica’ no tiene avances ni en la Fiscalía ni en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y se evidencian irregularidades en la investigación del presunto fraude electoral en el Consejo Nacional Electoral.También señala que hubo hostigamiento en contra de los periodistas investigadores de la ‘Ñeñepolítica’, entre ellos Gonzalo Guillén, Julián Martínez y Diana López Zuleta, además, “hostigamiento de la Fiscalía General de la Nación en contra de policías investigadores”.“Como si fuera poco a la negligencia hasta ahora demostrada por la Fiscalía General de la Nación, tanto los periodistas como los investigadores de la Dijín han sido víctimas de persecución y hostigamiento. En el caso de los investigadores, fueron sometidos recientemente a pruebas de polígrafo y otras presiones para que dijeran como se filtró los audios objeto de la investigación”, señala el representante.Otro punto que argumenta es que los investigadores del caso ‘Ñeñepolítica’ en la Comisión de Investigaciones y Acusaciones de la Cámara de Representantes, pertenecen a los partidos políticos declarados de Gobierno y no hay garantías para la oposición.“Lo que preocupa a este funcionario es que, para el desarrollo de la investigación de la denuncia interpuesta en contra del presidente Iván Duque, se haya designado como representante a la Cámara investigadores a Oscar Leonardo Villamizar Meneses, del partido político Centro Democrático (partido de Gobierno) y John Jairo Cárdenas Morán, del partido político de la U (partido declarado de Gobierno), lo que genera cierta parcialidad a favor del denunciado, máximo cuando estos se han declarado simpatizantes de las actuaciones e iniciativas del presidente”, manifestó.Además, en el escrito de 118 páginas, el representante Díaz dice que en el Consejo Nacional Electoral también existen irregularidades para investigar el presunto fraude electoral de las elecciones presidenciales en 2018, en las que resultó ganador el presidente Iván Duque.Las peticionesEl representante Fabián Díaz solicitó convocar un consejo permanente de la OEA. “Que analice el presunto fraude electoral de las elecciones presidenciales en Colombia del año 2018, por las cuales resultó electo como presidente Iván Duque Márquez”.También dice que se debe establecer una asamblea general extraordinaria para que se adopten decisiones para brindar garantías democráticas en Colombia y solicitó formalmente una misión de observación electoral para las elecciones presidenciales en 2022.
Desde muy temprano, este martes, un grupo de 20 funcionarios, junto a los tres magistrados investigadores César Abreo, Virgilio Almanza y Jaime Lacouture del Consejo Nacional Electoral, auditan la sede del Centro Democrático en Bogotá con el fin de realizar una amplia revisión de las cuentas del partido y las de las pasada elecciones presidenciales de 2018.La diligencia se desarrollará por espacio de dos días y en ella se revisarán los libros y se verificará si tienen los mismos soportes contables de la campaña de Iván Duque y establecer si al partido han entrado dineros del exterior.Además, buscan verificar si esos dineros llegaron o no a la campaña del entonces candidato Iván Duque.La Investigación se realiza tras de la denuncia que fue interpuesta por el representante de la bancada de los Decentes, David Racero, en la secretaría del CNE, luego que circularan unos audios donde se hablaría de una presunta compra de votos que se habría realizado durante la campaña en el departamento de La Guajira.Desde el mes de marzo, la Fiscalía compulsó copias al CNE de todas las interceptaciones telefónicas hechas a un número telefónico vinculado a la investigación por el homicidio de Óscar Eduardo Rodríguez Parra, en el que estaba involucrado el ‘Ñeñe’ Hernández y se habla de una compra de votos.
La Fiscalía imputó un nuevo cargo a los policías Yeferson Fabian Tocarruncho Parra y Wadith Miguel Velásquez García, quienes hicieron parte de la investigación que terminó destapando el caso de la ‘Ñeñepolítica’.A los dos policías ya se les había imputado los delitos de violación ilícita de comunicaciones, utilización ilícita de redes de comunicaciones, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal en un proceso que se sigue por la supuesta interceptación ilegal a cinco de sus compañeros de la fuerza pública.Sin embargo, en medio de ese proceso, la Fiscalía descubrió que los dos policías habrían interceptado ilegalmente a más personas. Las nuevas víctimas son, según el ente acusador, Dilman Paz Potes y David Brayan Caicedo.La Fiscalía señaló que en el “informe falso o la información plasmada por el señor Wadith Miguel Velásquez a órdenes del mayor Fabian Tocarruncho” que estas dos personas eran miembros de una organización criminal y que tenían la función de “administrar el dinero, producto de los cobros extorsivos”. El ente acusador dijo que la verdad es que Potes era presidente del sindicato de la Universidad del Valle y Caicedo un ciudadano particular que nada tendría que ver con esas estructuras.El nuevo delito de violación ilícita de comunicaciones no fue aceptado por los dos policías.
Los organismos de socorro, la comunidad y los bomberos, siguen en la búsqueda de la menor Yuliza Adarve, de 13 años, luego de que cayera al afluente en la vereda Palestina en esa localidad del Norte de Antioquia.La niña de 13 años intentaba cruzar el río Cauca con una polea y una cuerda que usan los campesinos para pasar al otro lado, pero se desprendió y fue arrastrada sin saber de su paradero hasta ahora.Los pobladores deben cruzar con ese elemento artesanal el río, debido a que ya no cuentan con el puente peatonal de madera y colgante que unía a las veredas Palestina de Briceño y Torrente de Ituango, pues fue arrastrada por la avenida torrencial en la contingencia de Hidroituango de abril de 2018, lo que ha sido una queja constante de las comunidades rurales“Hemos activados unos comité de búsqueda. Nos informan que de la parte social de Hidroituango han activado el plan de búsqueda y hemos llamado a los alcaldes Valdivia y Tarazá se sumen a la búsqueda”, relató el mandatario de Briceño, Wilmar Moreno.La alcaldía hará un reclamo a EPM por las demoras en la reconstrucción de varios puentes peatonales.Empresas Públicas de Medellín aseguró, por medio de un comunicado, que se activó plan de contingencia del Proyecto Hidroeléctrico Ituango para apoyar la búsqueda de la menor que cayó en el río Cauca.“EPM se solidariza con la desaparición de la menor Yuliza Adarve Areiza, quien el martes 22 de junio de 2021 cayó a las aguas del río Cauca mientras se transportaba en una polea artesanal realizada por la misma comunidad para atravesar el río, a la altura del puente Palestina, zona del municipio de Briceño. Desde el momento en que EPM tuvo conocimiento de la situación, activó el Plan de Contingencia del Proyecto Hidroeléctrico Ituango, y se sumó a la búsqueda de la niña”, dice la comunicación.Los organismos de socorro, EPM, líderes comunitarios y pescadores, continúan la búsqueda de la menor en los municipios ribereños aguas abajo Valdivia Tarazá, Cáceres y Caucasia.
El expresidente Álvaro Uribe criticó a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, por las protestas registradas en los últimos días en la capital del país. El exmandatario aseguró que la administración de la ciudad tiene “resultados nefastos” y afirmó que aunque la mandataria “posa de autoridad (…) permite que vándalos destruyan la ciudad”.Este miércoles, cerca de 1.000 personas participaron en protestas en la capital, de acuerdo con datos de la Secretaría de Gobierno de Bogotá. Las manifestaciones se situaron en ocho puntos de la ciudad: calle 80 con carrera 92, carrera 10 con 27 sur, Puente de la Dignidad, Terminal Sur y en los Portales Américas y Suba. En la noche, se registraron desmanes, con especial intensidad en el Portal de Suba, donde vándalos arrojaron piedras y bombas incendiarias."Nos resulta muy difícil desde el equipo de diálogo intermediar, en la mayoría de los casos estas personas ya van con una actitud de confrontación", dijo en Mañanas BLU Julián Moreno, alcalde de la localidad de Suba. Una situación similar se registró en el Portal Américas, donde la Secretaría de Gobierno registró el derribo de una reja y el intento por prenderle fuego al Supercade del lugar. En inmediaciones del Terminal del Sur, el Esmad intervino hacia las 10:50 p.m., luego de que personas ajenas a la protesta lanzaran objetos contundentes contra las instalaciones.Transmilenio reportó que además de la afectación en los Portales Suba y Américas, la estación Country Sur fue vandalizada por personas ajenas a la protesta. En la Av. Cali con 53 sur, dos buses fueron vandalizados."El problema aquí no es ni siquiera la infraestructura, es que esa infraestructura se usa para movilizar bogotanos, gente, a los más vulnerables", dijo Felipe Ramírez, gerente de TransMilenio en Mañanas BLU. "Estamos dando todas las garantías para prestar el servicio", añadió el ejecutivo. Ocho personas, señaladas de acciones vandálicas, fueron detenidas por las autoridades. La Secretaría de Salud informó de un transeúnte herido en el sur de la ciudad que fue atendido en el hospital El Tunal. Escuche el reporte de las autoridades en Mañanas BLU :
La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) pidió este jueves a la Conmebol la "suspensión inmediata" del árbitro argentino Néstor Pitana y de los jueces del VAR del encuentro que perdieron 2-1 con Brasil al considerar que cometieron un "error grave" al validar el tanto con el que igualó la Canarinha.Justamente, el pasado 4 de junio la Comisión de Árbitros de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) informó de la a suspensión "por tiempo indeterminado" de dos de los árbitros designados para el partido Uruguay-Paraguay.El organismo consideró la suspensión de Nicolás Gallo, árbitro VAR, y Miguel Roldán, asistente, por incurrir "en errores graves y manifiestos" en el encuentro entre Uruguay y Paraguay.Por esta razón, la FCF cita la anulación de un gol a Uruguay, marcado por Jonathan Rodríguez en el minuto 23, "por supuesto fuera de juego".En esa línea, la FCF radicó hoy también ante la Confederación Sudamericana de Fútbol una "nota de protesta" y explicó que "al minuto 77 del partido se presentó una jugada donde el balón rebota en el árbitro central Néstor Pitana y deriva en un ataque prometedor para el equipo brasilero que termina en gol"."Desde el VAR incluso le indicaron al árbitro que el pase del jugador brasilero que rebotó en el árbitro lo iba a recibir un colombiano. No obstante, el juez central y los árbitros VAR decidieron omitir la aplicación de la Regla 9 de las reglas de juego, incidiendo de manera directa en el resultado del partido", señaló la FCF.
Herman Bayona, presidente del Colegio Médico de Bogotá, aseguró que el sistema de salud de la capital está colapsado debido a la pandemia del COVID-19.“Vemos una situación de colapso en varios eslabones de la atención de los pacientes. No están siendo atendidos adecuadamente. En muchas ocasiones el seguimiento por parte de las EPS se limita a una llamada telefónica por parte de un call center”, aseguró el especialista.De acuerdo con el especialista, el Distrito debe hacer claridad acerca de las cifras de ocupación de unidades de cuidados intensivos (UCI), ya que las cuentas no les cuadran a los médicos.“Tenemos más de 400 pacientes en espera para traslado a cama UCI y hay solamente, según Salud Data, 70 camas. ¿Cuál es el mecanismo que están utilizando para hacer el conteo? La gran mayoría de los centros están usando salas de observación y cirugía con ventiladores, que no son los óptimos. La ocupación real, para nosotros, supera el 100%. Estamos en una situación desesperada”“Los pacientes se nos están muriendo, se nos van de nuestras manos y es una sensación inconsolable, no podemos describir el dolor”, agregó el presidente del Colegio Médico de Bogotá.Escuche a Herman Bayona en entrevista con Mañanas BLU:
Un video muestra el momento del derrumbe de un edificio de 12 pisos en Miami Beach (Florida, EE.UU.). En solo segundos 55 unidades del edificio Champlain Towers, situado en la ciudad de Surfside, con una población mayoritariamente judía, se vinieron abajo como "panqueques", en palabras del alcalde de Surfside, Charles Burckett.Cincuenta y una personas están desaparecidas después del derrumbe parcial de un edificio de doce pisos, según informó este jueves una fuente del condado al canal local de la cadena CBSEl canal indicó que, según su fuente, esas personas no han aparecido más de diez horas después del derrumbe del edificio Champlain Towers.Hasta ahora, solo se ha confirmado oficialmente la muerte de una persona, que fue sacada de los escombros.Diez personas fueron tratadas en el lugar, dos fueron transportadas a hospitales y 35 rescatadas por los balcones del edificio, según fuentes oficiales.Fuentes de la Cancillería de Argentina confirmaron en Buenos Aires a Efe que hay cuatro argentinos que están desaparecidos tras el derrumbe, según se ha podido conocer por personas que sabían que estaban en ese edificio y no han logrado contactarse con ellos.Los equipos de rescate trabajan bajo la lluvia en busca de personas atrapadas entre los escombros del edificio, que se desplomó parcialmente en medio de la noche mientras sus ocupantes dormían, por causas aún no determinadas.Hasta ahora las autoridades confirmaron solo una muerte, pero Burckett dijo que se teme que haya más personas que hayan perdido la vida y estén bajo los escombros.Las tareas de búsqueda están dirigidas por los bomberos del condado de Miami-Dade y se ven entorpecidas por la lluvia.El gran temor es la posibilidad de que el edificio se desplome totalmente mientras se realizan esas tareas."Muchas gracias a nuestros valientes y valientes trabajadores de Bomberos", dijo la alcaldesa del condado Miami-Dade, Daniella ava Levine.
