El Tribunal Superior de Bogotá ratificó la libertad que le otorgaron en febrero de este año al mayor de la Policía Jefferson Tocarruncho y al intendente Wadith Velásquez, investigados por interceptar ilegalmente a cinco de sus colegas en Cali, en medio del proceso en el que investigaban al ‘Ñeñe’ Hernández.El tribunal reafirmó su decisión luego de que, en marzo pasado, la Corte Suprema de Justicia decretó la nulidad de todo lo actuado desde este año porque la Fiscalía no había sido notificada de la decisión del tribunal.En su decisión, el Tribunal reitera que los dos procesados deben continuar su proceso en libertad.“Tutelar los derechos constitucionales fundamentales al debido proceso y a la libertad de que son titulares los procesados Yeferson Fabián Tocarruncho y a Wadith Velásquez García”, dice el documento.Así las cosas, con su decisión deja sin efecto las que fueron tomadas anteriormente, el 10 de junio de 2020 y el 13 de noviembre de 2020, por los Juzgados 62 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá y el Juzgado 3 Penal del Circuito con función de conocimiento transitorio de Bogotá, que impusieron medidas de aseguramiento de detención preventiva en su lugar de residencia en contra de Tocarruncho y García.Este es el comunicado de tribunal:
El diario El Espectador reveló en primicia un documento en el que se puede apreciar como desde la oficina del expresidente Álvaro Uribe se agendó una de José Guillermo Ñeñe Hernández al Congreso de la República.Esto se da tras como respuesta a un derecho de petición al procurador delegado para la Defensa del Patrimonio Público, la Transparencia y la Integridad, Edwin Molano.Desde el Congreso de la Republica señalaron que el ganadero ‘Ñeñé’ Hernández, que es el centro del escándalo de la campaña de Duque Presidente, fue agendado en mayo del 2016.El documento llegó a la dirección para responder el mencionado derecho de petición requerido en mayo y junio del 2020.Según el escrito la empresa Best Techologies, firmado por Luis Guillermo Pachón que es su representante legal, se indica que ‘Ñeñe’ Hernández fue agendado desde la oficina del excongresista.El documento agrega que la visita no se realizó y tampoco quedó evidencia del ingreso de Hernández al Capitolio.En el escrito se informa que el agendamiento a Hernández fue por el usuario con código único en el sistema número 100211 y la cédula correspondiente al entonces senador Álvaro Uribe Vélez.Al respecto, el expresidente se refirió al tema mediante un mensaje en el que indica que "Nunca autoricé la entrada del señor Hernández al Congreso”.El agendamiento al parecer habría sido por María Claudia Daza, quien para la época ya hacía parte de la Unidad de Trabajo Legislativo como lo aclara el expresidente.“La señora Daza entró a la UTL el 16 de marzo de 2016, el agendamiento fue en mayo de 2016”, concluye.Vea el documento completo aquí: .
La Procuraduría pidió al Consejo de Estado no decretar la “muerte política” al congresista Gustavo Petro, luego de que el abogado José Manuel Abuchaibe dijera que incumplió con algunos deberes como senador, al supuestamente hacer un llamado a la desobediencia civil tras conocerse el escándalo de la ‘Ñeñepolítica’.Al respecto, Abuchaibe insistió en que debe haber límites en la actuación de los servidores públicos.“Creemos que cuando Petro lanzó afirmaciones contra la legitimidad del presidente. A solicitar que no pagaran los impuestos, a una desobediencia civil en todos los sentidos, creímos que estaba violentando la Constitución Política en el artículo 133, que los obliga, como servidores públicos, a actuar consultando la justicia y el bien común”, dijo en BLU Radio.El abogado manifestó que, si el Consejo de Estado no decreta la pérdida de investidura del líder de la Colombia Humana, abriría la puerta para que más casos de “incitación” se presenten.“Todos los diputados, concejales y congresistas podrán a hacer lo mismo”, puntualizó.Según la Procuraduría, Petro habría incurrido en una violación de deberes del congresista, pero que no consagra una sanción grave para imponer la pérdida de investidura.
El Tribunal Superior de la Bogotá ordenó la libertad inmediata del mayor Yeferson Fabián Tocarruncho y del sargento Wadith Miguel Velásquez, después de resolver, a su favor, una acción de tutela que interpuso la defensa de los uniformados, Miguel Ángel del Río.En junio del año pasado, el juez 62 de garantías de Bogotá envió a casa por cárcel al mayor Tocarruncho y al sargento Velásquez capturados por interceptar ilegalmente, supuestamente, a cinco de sus compañeros en Cali, en medio del proceso en el que investigaban al ‘Ñeñe’ Hernández como supuesto determinador del homicidio de Óscar Rodríguez, hijo del sastre Carlos Rodríguez, de Barranquilla.Según la Fiscalía, los dos policías cometieron el ilícito con el fin de establecer si se habían robado unos dineros en un allanamiento en Cali.“Para el despecho sí existe una inferencia razonable de autoría, existe varios elementos que dan cuenta de la posible participación del mayor Tocarruncho y el sargento Wadith Velásquez. Existía un móvil que fue el que provocó toda esa serie de actuaciones irregulares”, concluyó el juez.El abogado de los policías había planteado que se trataba de un montaje judicial que había iniciado en el 2017, cuando el entonces subdirector de la Policía, general Ricardo Restrepo, había tratado de trasladarlo como un mandado, supuestamente, de Marquito Figueroa a través de su amigo el ‘Ñeñe’ Hernández. Incluso, que el año pasado les habían contado que se venía un montaje judicial por el que Marquitos había ordenado pagar “lo que fuera necesario” a altas esferas de la justicia.El juez desvirtuó esa hipótesis, pues aseguró que no habían pruebas de ello.El mayor de la Policía, Yeferson Fabián Tocarruncho Parra y del sargento Wadith Miguel Velásquez García se declararon inocentes de los cargos imputados por la Fiscalía, por los delitos de fraude procesal, violación ilícita de comunicaciones, falsedad ideológica en documento público y uso ilícito de comunicaciones.
Un juez envió a la cárcel a tres policías que trabajaban en la URI de Valledupar y que, al parecer, serían responsables de conformar una red de prostitución y de corrupción al interior de la URI.Los policías fueron imputados como presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir, concusión, cohecho propio, constreñimiento a la prostitución y tortura.Se trata de los uniformados Sergio Antonio Mendoza, Edwin Calderón Vargas y Ellelvis Luis Alarcón, quienes fueron enviados a la cárcel por los hechos.Según la investigación, entre enero y noviembre de 2020, los uniformados se orquestaron para, al parecer, exigir dinero a personas que se encontraban recluidas en la URI para darles beneficios como: comodidad al interior de las celdas, tener relaciones sexuales entre los internos, permitir el ingreso de personas externas, celulares de todas las gamas, realización de fiestas privadas en la sala de audiencias URI, entre otros.El patrullero capturado Edwin Calderón, auxiliar de información en Valledupar, es el mismo que, según la Fiscalía, fue uno de los cinco chuzados ilegalmente por los investigadores del caso contra el ‘Ñeñe’ Hernández, quienes estaban investigando si esos cinco uniformados se habían robado unos dineros en un allanamiento en Cali.Los dos policías, que estaban adscritos a la Dijín , son Yeferson Fabián Tocarruncho y al sargento Wadith Miguel Velásquez, capturados por interceptar ilegalmente, supuestamente, a sus compañeros en Cali, en medio del proceso en el que investigaban al ‘Ñeñe’ Hernández como supuesto determinador del homicidio de Óscar Rodríguez, hijo del sastre Carlos Rodríguez de Barranquilla.
El gerente de la campaña Duque Presidente, Luis Guillermo Echeverri, se presentó ante los magistrados del Consejo Nacional Electoral en el marco de una investigación que adelanta el órgano dentro del llamado caso de la ‘Ñeñepolítica’.En las declaraciones que entregó a los magistrados Virgilio Almanza, César Abreo y Jaime Lacouture, Echeverri aseguró que solo recibió 232 cheques de personas aportantes a la campaña.Echeverri les aseveró a los magistrados del Consejo Nacional Electoral que ni el presidente Duque ni el exsenador Álvaro Uribe tuvieron injerencia en el manejo de los recursos de la campaña.En el interrogatorio, los magistrados le preguntaron a Echeverri por la participación e injerencia de María Claudia Daza, conocida como ‘Cayita’ Daza, teniendo en cuenta lo dicho por ella en las conversaciones que fueron interceptadas por las autoridades colombianas.También se presentó la directora del Partido Centro Democrático Nubia Stella Martínez, quien es investigada por la triangulación de unos recursos entre la campaña y la coalición.En su declaración, Martínez señaló que el partido hizo un préstamo que no superó el 20% de todos los gastos de campaña y afirmó, además, que se hizo un préstamo a un banco por 291 millones de pesos que fueron dirigidos a la campaña y que luego se pagó con la reposición de votos.María Claudia 'Cayita' Daza también se presentó al CNE, pero se acogió a su derecho de guardar silencio.
En las últimas horas se presentó en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, María Mónica Urbina y María Claudia Daza, más conocida como ‘Cayita’ Daza, quien fue citada en el proceso que se adelanta al presidente de la Republica, Iván Duque, por el caso de la ‘Ñeñepolítica’.La diligencia duró unos 20 minutos y la exreina, María Mónica Urbina, se presentó con su defensa.Otro que también fue esperado y no se presentó, fue el gerente de campaña Luis Guillermo Echeverri, quien será citado nuevamente en los próximos días cuando se presente un nuevo auto de citación a los implicados.
El representante a la Cámara Fabián Díaz denunció ante la Organización de Estados Americanos (OEA) al gobierno del presidente Iván Duque supuestamente por la infracción a la carta democrática interamericana y a la falta de garantías en el proceso que se sigue en su contra por la presunta vinculación con José ‘Ñeñe’ Hernández y la supuesta compra de votos en su campaña a la presidencia en 2018.En la denuncia radicada ante el secretario general Luis Leonardo Almagro, al secretario para el fortalecimiento de la democracia Francisco Guerrero y ante el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrao, y conocida por BLU Radio, el representante recopiló varios de los audios que supuestamente establecerían la relación del mandatario con el Ñeñe.Argumenta que, el proceso por la ‘Ñeñepolítica’ no tiene avances ni en la Fiscalía ni en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y se evidencian irregularidades en la investigación del presunto fraude electoral en el Consejo Nacional Electoral.También señala que hubo hostigamiento en contra de los periodistas investigadores de la ‘Ñeñepolítica’, entre ellos Gonzalo Guillén, Julián Martínez y Diana López Zuleta, además, “hostigamiento de la Fiscalía General de la Nación en contra de policías investigadores”.“Como si fuera poco a la negligencia hasta ahora demostrada por la Fiscalía General de la Nación, tanto los periodistas como los investigadores de la Dijín han sido víctimas de persecución y hostigamiento. En el caso de los investigadores, fueron sometidos recientemente a pruebas de polígrafo y otras presiones para que dijeran como se filtró los audios objeto de la investigación”, señala el representante.Otro punto que argumenta es que los investigadores del caso ‘Ñeñepolítica’ en la Comisión de Investigaciones y Acusaciones de la Cámara de Representantes, pertenecen a los partidos políticos declarados de Gobierno y no hay garantías para la oposición.“Lo que preocupa a este funcionario es que, para el desarrollo de la investigación de la denuncia interpuesta en contra del presidente Iván Duque, se haya designado como representante a la Cámara investigadores a Oscar Leonardo Villamizar Meneses, del partido político Centro Democrático (partido de Gobierno) y John Jairo Cárdenas Morán, del partido político de la U (partido declarado de Gobierno), lo que genera cierta parcialidad a favor del denunciado, máximo cuando estos se han declarado simpatizantes de las actuaciones e iniciativas del presidente”, manifestó.Además, en el escrito de 118 páginas, el representante Díaz dice que en el Consejo Nacional Electoral también existen irregularidades para investigar el presunto fraude electoral de las elecciones presidenciales en 2018, en las que resultó ganador el presidente Iván Duque.Las peticionesEl representante Fabián Díaz solicitó convocar un consejo permanente de la OEA. “Que analice el presunto fraude electoral de las elecciones presidenciales en Colombia del año 2018, por las cuales resultó electo como presidente Iván Duque Márquez”.También dice que se debe establecer una asamblea general extraordinaria para que se adopten decisiones para brindar garantías democráticas en Colombia y solicitó formalmente una misión de observación electoral para las elecciones presidenciales en 2022.
Desde muy temprano, este martes, un grupo de 20 funcionarios, junto a los tres magistrados investigadores César Abreo, Virgilio Almanza y Jaime Lacouture del Consejo Nacional Electoral, auditan la sede del Centro Democrático en Bogotá con el fin de realizar una amplia revisión de las cuentas del partido y las de las pasada elecciones presidenciales de 2018.La diligencia se desarrollará por espacio de dos días y en ella se revisarán los libros y se verificará si tienen los mismos soportes contables de la campaña de Iván Duque y establecer si al partido han entrado dineros del exterior.Además, buscan verificar si esos dineros llegaron o no a la campaña del entonces candidato Iván Duque.La Investigación se realiza tras de la denuncia que fue interpuesta por el representante de la bancada de los Decentes, David Racero, en la secretaría del CNE, luego que circularan unos audios donde se hablaría de una presunta compra de votos que se habría realizado durante la campaña en el departamento de La Guajira.Desde el mes de marzo, la Fiscalía compulsó copias al CNE de todas las interceptaciones telefónicas hechas a un número telefónico vinculado a la investigación por el homicidio de Óscar Eduardo Rodríguez Parra, en el que estaba involucrado el ‘Ñeñe’ Hernández y se habla de una compra de votos.
La Fiscalía imputó un nuevo cargo a los policías Yeferson Fabian Tocarruncho Parra y Wadith Miguel Velásquez García, quienes hicieron parte de la investigación que terminó destapando el caso de la ‘Ñeñepolítica’.A los dos policías ya se les había imputado los delitos de violación ilícita de comunicaciones, utilización ilícita de redes de comunicaciones, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal en un proceso que se sigue por la supuesta interceptación ilegal a cinco de sus compañeros de la fuerza pública.Sin embargo, en medio de ese proceso, la Fiscalía descubrió que los dos policías habrían interceptado ilegalmente a más personas. Las nuevas víctimas son, según el ente acusador, Dilman Paz Potes y David Brayan Caicedo.La Fiscalía señaló que en el “informe falso o la información plasmada por el señor Wadith Miguel Velásquez a órdenes del mayor Fabian Tocarruncho” que estas dos personas eran miembros de una organización criminal y que tenían la función de “administrar el dinero, producto de los cobros extorsivos”. El ente acusador dijo que la verdad es que Potes era presidente del sindicato de la Universidad del Valle y Caicedo un ciudadano particular que nada tendría que ver con esas estructuras.El nuevo delito de violación ilícita de comunicaciones no fue aceptado por los dos policías.
Luego de un recorrido por las instalaciones del colegio Metropolitano del Sur en Floridablanca, Santander, la Secretaría de Educación y funcionarios del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa, FFIE, confirmaron que las obras de remodelación avanzan en un 95%.Se trata de la construcción de la cocina, las adecuaciones del comedor y los salones los que se entregarán terminados a principios del mes de octubre.“Será la primera en la que se implementará la ración para preparar en sitio ya que contará con una cocina totalmente adecuada para atender a cerca de 1.000 estudiantes”, manifestó Petro Osma, secretario de Educación de Floridablanca.La remodelación del colegio Metropolitano del Sur incluye la construcción de un depósito para almacenar víveres, área de congeladores, baños, cuarto de basura, zona de cocina, lavado y preparación de alimentos en la cocina.“Tenemos un avance muy grande en la obra; hace falta que terminen algunos detalles y la rampa para acceder a la nueva cocina, para poner en funcionamiento este lugar de servicio a nuestros estudiantes”, aseguró Eduardo Casanova González, rector del colegio.
En el sector de Fontana en Bucaramanga se construirá el primer Centro Comercial Único Outlet en el oriente del país.Serán 150 locales donde estarán presentes las mejores marcas comerciales de calzado, vestuario, electrodomésticos, belleza, tecnología, marroquinería y accesorios del pais."Estamos cumpliendo con uno de los sueños de la compañía como es llegar a Santander. Comienzan las obras de construcción del centro comerciales y en el segundo semestre del 2022 ya estaremos entregando los mejores descuentos a nuestros clientes en Bucaramanga", afirmó Pili Villaveces, jefe de Comunicaciones de Único OutletEsta cadena de centros comerciales de grandes descuentos tiene 24 años de fundada y hace presencia en Cali, Yumbo, Dosquebradas, Pasto, Barranquilla, Neiva y Villavicencio. Se espera que el nuevo centro comercial logre generar 1.000 nuevos puestos de trabajo en Bucaramanga. "Va ser el primer centro comercial del oriente del país con un diseño amigable con el medio ambiente y bioseguro con los compradores, tendrá nuevas tecnologías, sistemas y materiales que apuntan a la sostenibilidad", manifestó Villaveces en diálogo con BLU Radio.
La Procuraduría profirió pliego de cargos contra tres exfuncionarios del Ministerio de las TIC, que intervinieron en la suscripción del contrato con la Unión Temporal Centros Poblados, así como dos particulares que manejaron recursos públicos.Los cobijados con la medida son Adriana Vanessa Meza Consuegra, en su condición de exsecretaria general MinTIC, Sandra Orjuela Méndez, subdirectora de Gestión Contractual MinTIC; Camilo Alberto Jiménez Santofimio, director de Infraestructura MinTIC y los particulares Luis Fernando Duque Torres, representante legal UT Centros Poblados 2020 y Paola Andrea Izquierdo Rivera, representante convencional del Consorcio “PE 2020 C Digitales”, que ejercía la interventoría del contrato en mención.Para la Procuraduría, Adriana Meza Consuegra tendría responsabilidad disciplinaria en la comisión de la falta gravísima por presuntamente desconocer los principios que rigen la contratación estatal, al abrir la licitación con estudios previos insuficientes y pliegos de condiciones carentes de reglas objetivas y completas.Lo anterior, teniendo en cuenta que fueron modificadas las conclusiones, recomendaciones y observaciones técnicas, financieras y jurídicas definidas por el estructurador que había sido contratado por el FonTIC.Por su parte, Carlos Alberto Jiménez Santofimio, director de Infraestructura del MinTIC y supervisor del contrato, quien tenía a cargo la estructuración de los estudios previos y pliego de condiciones del proceso contractual en cuestión, aparentemente permitió que fueran modificadas las conclusiones, recomendaciones y observaciones dispuestas por el consultor consorcio TELBROAD-PROFIT, sin mediar estudios que sustentaran la modificación, desconociendo las reglas de la contratación.En el caso de Sandra Orjuela Méndez, subdirectora de gestión contractual del MinTIC, habría incurrido en irregularidades en la etapa precontractual al desconocer los principios de selección objetiva, economía y responsabilidad, al habilitar, mediante evaluación jurídica, la propuesta presentada por la Unión Temporal “Centros Poblados Colombia 2020”, pese a que, al parecer, no cumplía con los requisitos exigidos, toda vez que con su propuesta presentó garantía bancaria de seriedad de la misma, sin que esta hubiese sido expedida realmente por el Banco Itaú CorpBanca Colombia S.A, como lo aseveró el licitante en la oferta que presentó a la entidad contratante el 28 de octubre de 2020.Por su parte, Luis Fernando Duque Torres, representante de la UT Centros Poblados Colombia 2020, la Procuraduría consideró que, presuntamente, falsificó las garantías bancarias por él suscritas y presentadas para amparar el buen manejo y correcta inversión del anticipo, el cumplimiento general del contrato y el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, respectivamente, del contrato estatal de Aporte No. 1043 de 2020, con el fin de acreditar la existencia de las mismas y posibilitar su inicio.Finalmente, para Paola Andrea Izquierdo Rivera, vinculada al proceso en su condición de representante convencional del Consorcio “PE 2020 C Digitales”, la Procuraduría le reprocha no haber verificado ni validado el cumplimiento de los requisitos para la realización del primer Comité Fiduciario del 26 de marzo del 2021.En el que se dio aprobación para que el contratista utilizara los recursos, con cargo al primer desembolso a título de anticipo, toda vez que no verificó, ni garantizó la correcta citación al Banco Itaú al comité, porque de haberlo hecho, se habría evidenciado la falsedad de la que adolecía la garantía bancaria, antes del desembolso del valor del anticipo por parte del FonTIC.En una semanas se definirá la fecha de iniciación del juicio disciplinario.Conozca más noticias de Colombia y el mundo:
El fichaje de James Rodríguez al Al Rayyan ha generado todo un revuelo en las redes sociales. Algunos critican esta decisión, mientras que otros se sienten más que contentos porque por fin verán al futbolista colombiano tocar el balón. Más allá de los comentarios positivos o negativos, James Rodríguez se ha vuelto tendencia en las redes sociales donde han aprovechado para crearle todo tipo de memes.Entérese de los hechos y noticias del momento en Colombia y el mundo:
Esta semana fue capturado en Italia el legendario jugador del América de Cali Anthony ‘el Pitufo’ de Ávila, por delitos relacionados con el narcotráfico. El exjugador colombiano se expone a una dura condena en la cárcel.A raíz de este caso que involucra a una gloria del fútbol colombiano, se abre una controversia sobre las condiciones laborales de los jugadores en el pasado, pues ya son varios los que se han visto implicados en diferentes delitos.Cabe recordar que, en 2019, Willington Ortiz, ídolo de Millonarios, América y la Selección Colombia, denunció que a sus 69 años no tiene una pensión porque no revisó oportunamente las semanas cotizadas.Ante esto, Carlos González Puche, director de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, respondió que en el pasado era más difícil exigir el cumplimiento de los derechos, pues los directivos de los equipos no aceptaban el sindicato de futbolistas.“En 1984 Miguel Rodríguez me dijo que si yo me mantenía en el sindicato de futbolistas no iba a volver a jugar en la vida. Exigirles a estos personajes el cumplimiento de la ley es muy complicado”, señaló.Esto llevo a que los jugadores no tuvieran una correcta educación financiera, por lo que con el tiempo terminaron cayendo en diferentes redes delincuenciales.“Quiero señalar es que desde 2004 los clubes están pagando la seguridad social gracias a nuestro trabajo”, añadió.Escuche la entrevista completa en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire:
