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Ninguno aceptó cargos: Fiscalía imputó a César Manrique y seis más por escándalo en la UNGRD

Según la Fiscalía, se logró recopilar suficiente material probatorio para avanzar con las audiencias de imputación de cargos y medidas de aseguramiento.

Exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Manrique Soacha.
Exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Manrique Soacha.
Foto: X @cesarmanriques

La Fiscalía General de la Nación imputó a siete personas por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.

Entre los imputados está el exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Manrique Soacha, por su presunta participación en el desvío de 100.000 millones de pesos provenientes de un convenio entre la UNGRD y la Agencia Nacional de Tierras, ANT.

La investigación hace parte de una ofensiva contra el direccionamiento irregular de contratos y la apropiación de recursos públicos. Según la Fiscalía, se logró recopilar suficiente material probatorio para avanzar con las audiencias de imputación de cargos y medidas de aseguramiento.

Estos son los imputados:

  • Édgar Riveros Rey, abogado, por concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y falsedad en documento público y privado.
  • Sonia Rocío Romeo Hernández y Óscar Enrique Cárdenas Angulo, contratistas de la UNGRD, por delitos similares.
  • Édgar Echeverri Toro y Francisco Javier Estupiñán Bravo, vinculados a la Corporación Yapurutú, por su presunta participación en la manipulación de contratos y apropiación de recursos.
  • Jorge Aristizábal Rodríguez, funcionario de la Función Pública, y Ana María Riveros Barbosa, contratista de la UNGRD, por lavado de activos.

La Fiscalía asegura que este entramado permitió el desvío masivo de fondos públicos mediante contratos direccionados y el uso de documentación falsa. Las imputaciones hacen parte de una estrategia más amplia para desarticular las redes de corrupción que afectan los recursos destinados a la atención de emergencias y desastres en el país.

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