Jairo Ignacio Acosta, procurador delegado con funciones mixtas en Asuntos Penales (e), se pronunció en Mañanas Blu acerca de los cuestionamientos formulados por el Ministerio Público con relación a la libertad de Adriana Bermeo y Santiago Márquez, quienes fueron designados como voceros de paz por el Gobierno del presidente Gustavo Petro durante los últimos días.
“La idea es que este tipo de irregularidades tienen dos caminos, dos consecuencias. Unas que tienen que ver con la validez y otras con las responsabilidades. En este momento no hemos podido acceder sino a la decisión; es posible que haya otro tipo de trámites internos que no conocemos. No parece, pero tenemos que ver cuál fue todo el curso que se le dio para poder a entrar a valorar la acción frente a su validez, que en principio creemos que no está”, sostuvo el funcionario.
De acuerdo con Acosta, en la liberación de los voceros de paz que motivó la queja del Ministerio Público, no se cumplió el deber legal constitucional de los jueces de citar a la Procuraduría. El procurador delegado, además, aseguró que no había competencia para emitir las órdenes de libertad y calificó la decisión como “de escritorio” y efectuada a puerta cerrada.
“No hay una competencia para poder emitir estas órdenes, ni siquiera hay una motivación, pero además no sea la suficiente publicidad y control necesario para este tipo de actos, porque se hizo completamente a puerta cerrada. Nunca se le dijo a la Procuraduría ni se le citó, pero incluso no se respondió a las preguntas hechas. Sabemos de esta decisión porque vamos a la cárcel cuando se produce la liberación y le pedimos a la misma cárcel que nos dé la copia del acto de liberador para poderlo controlar. De hecho, no hemos recibido esta decisión del Centro de Servicios, lo que llama enormemente la atención ypone en alerta la visibilidad que deben tener ese tipo de procedimientos”, sostuvo.
La queja de la Procudaduría
La Procuraduría General de la Nación radicó este martes una queja disciplinaria contra los jueces que decretaron la libertad de Adriana Bermeo y Santiago Márquez, jóvenes designados como voceros de paz por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
La queja disciplinaria fue radicada ante el Consejo Superior de la Judicatura por la no convocatoria de los procuradores judiciales penales a las diligencias donde se decretó la libertad de dos jóvenes de la Primera Línea que serán voceros de paz, según anunció la propia procuradora Margarita Cabello Blanco.
A Adriana Bermeo y Santiago Márquez les fueron imputados los delitos de concierto para delinquir y violencia contra servidor público; ambos fueron detenidos en el marco de la protesta, pero en este momento ya no están en la cárcel.
La procuradora denunció que tampoco se les compartió información para actuar en esos casos y que la persona que firmó las órdenes de libertad, la coordinadora del centro de servicios judiciales del complejo judicial de Paloquemao, en Bogotá, no tendría la competencia para otorgarlas.
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