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La Comisión Nacional de Disciplina Judicial reveló nuevos hallazgos sobre la misteriosa “caleta de las Farc” que habría facilitado la fuga de Raúl Alzate Balanta, alias 'El Enano', cabecilla de las disidencias en Caquetá.
Esta vez, el alto tribunal destituyó e inhabilitó por 13 años al asistente de Fiscalía Edgar Hernán Varona por participar activamente en la operación ilegal que terminó con la evasión del disidente.
De acuerdo con la investigación, Varona fue pieza clave del plan liderado por el abogado Jimmy Andrés Gasca, quien, junto a dos patrulleros de la Policía, sacó a Alzate Balanta de la URI de Florencia, donde estaba recluido.
El funcionario judicial se hizo pasar por fiscal durante una supuesta diligencia de exhumación en zona rural de Cartagena del Chairá, Caquetá, donde alias 'El Enano' los convenció y les prometió que había enterrada una “guaca” con 8 mil millones de pesos y armas del extinto grupo guerrillero, motivo por el cual coordinaron la salida de la URI.
Incluso, Varona rechazó acompañamiento militar y fingió ser un funcionario de alto rango para evitar sospechas durante el trayecto hacia la zona de Peñas Coloradas.
El expediente también reveló que los involucrados habrían acordado repartirse el dinero de la caleta: 50 % para alias 'El Enano' y su abogado, 25 % para Varona y participantes, y otro 25 % para presuntos miembros de la Armada Nacional, motivo por el cual se compulsaron copias a la Fiscalía y la Procuraduría.
En este caso, el exfiscal Alexander Suzunaga, jefe de Varona, se suicidó en 2023 tras dejar grabaciones donde hablaba de lo ocurrido. Además, uno de los patrulleros fue asesinado y otro se acogió a un principio de oportunidad con la Fiscalía.
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La Comisión consideró la conducta de Varona como una falta gravísima al haber aceptado una promesa ilegal y participar en una diligencia inexistente, lo que comprometió la seguridad nacional y facilitó la fuga de un disidente de alto valor.
“Así las cosas, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial encontró que Edgar Hernán Varona Vargas, siendo servidor público, aceptó una promesa remuneratoria ilegal a cambio de participar en una diligencia no autorizada, sin orden judicial ni respaldo institucional, frente a la cual, en lugar de denunciar, como era su deber, calló y fue protagonista de la operación. Por eso, en fallo con ponencia del magistrado Alfonso Cajiao, la Corte Disciplinaria lo destituyó e inhabilitó para el ejercicio de cualquier cargo público por un término de 13 años”.
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