¿Nuevo escándalo en la UNGRD? Investigan contratos irregulares de 86.000 millones de pesos

¿Un nuevo escándalo de corrupción se avecina en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)? La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) inició una investigación tras evidenciar una posible violación a la libre competencia en seis contratos que realizó la entidad. Dentro de los implicados se encuentran los exfuncionarios Olmedo López y Sneyder Pinilla, junto al excontratista Luis Eduardo López Rosero (todos implicados en el caso de los carrotanques de La Guajira).“El sistema anticompetitivo investigado se habría materializado mediante una coordinación ilegal entre entonces funcionarios de la UNGRD y el proponente que resultó favorecido, con el presunto direccionamiento de los seis procesos de contratación adelantados en 2023 y 2024. Estos procesos tuvieron un valor total superior a 86.000 millones de pesos y estaban dirigidos a ofrecer atención prioritaria para atender situaciones de emergencia para las comunidades más vulnerables de Colombia”, afirma el documento de la SIC.La entidad encontró que Luis Eduardo López Rosero habría postulado sus empresas en los procesos de contratados de la UNGRD para aparentar una supuesta pluralidad de oferentes y una dinámica leal de la competencia en el mercado. Sin embargo, según expone la Superindustria, estas compañías actuaron con el fin de presentar propuestas con sobrecostos y así pagar sobornos a funcionarios y contratistas de la entidad, entre ellos Olmedo López y Sneyder Pinilla. El organismo determinó que ambos personajes habrían direccionado los contratos a las empresas de López Rosero.“Por esta conducta, que tuvo un carácter sistemático, la SIC formuló pliego de cargos contra los funcionarios y contratistas de la UNGRD que participaron en la dinámica, así como contra Luis Eduardo López Rosero, las sociedades que él controlaba y las personas que de manera activa u omisiva contribuyeron a la realización de la conducta ilegal que se presentó en este caso. Con fundamento en el régimen de protección de la competencia, si se acredita la responsabilidad de los investigados, la SIC podrá imponer sanciones que corresponden a multas de hasta 100.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que a la fecha suman 142.350 millones de pesos”, finaliza el pronunciamiento.