Orden de captura contra presuntos secuestradores de exasambleísta ecuatoriano
Fernando Marcelo Balda fue retenido el 13 de agosto de 2012 en Bogotá.
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Un juez de control de garantías emitió orden de captura contra tres integrantes de la Policía de Ecuador, señalados de presuntamente planear el secuestro del exasambleísta y publicista ecuatoriano Fernando Marcelo Balda Flores, ocurrido el 13 de agosto de 2012, en el norte de Bogotá.
La orden judicial afecta a Jéssica Falcón Querido, Jorge Armando Espinoza Méndez y Luis Raúl Chicaiza Fuentes, integrantes de la Policía de Ecuador.
“El material probatorio recopilado por fiscales colombianos indicaría que estas personas habrían ordenado la retención del político y supuestamente contactaron a un grupo criminal en Colombia para que se encargara del acto delincuencial”, señaló la Fiscalía en un comunicado.
Los policías activos Falcón Querido y Espinoza Méndez fueron capturados por las autoridades ecuatorianas que buscan al tercer sospechoso, quien tendría relación con las agencias de inteligencia en su país y ya fue separado del cargo.
Vea aquí: En elecciones, el Gaula capturó a 20 personas requeridas por secuestro y extorsión
De acuerdo con el ente acusador, los dos capturados serán imputados por el delito de secuestro simple.
El exasambleísta Fernando Marcelo Balda fue retenido en la noche del lunes 13 de agosto de 2012, en el barrio Cedritos, en Bogotá y, según la información obtenida en el marco de las investigaciones, cuatro hombres evitaron que el político ingresara a un edificio y lo obligaron a subir a una camioneta de gama alta, con rumbo desconocido.
Publicidad
La red de taxistas de la ciudad persiguió a los delincuentes y alertó a la Policía Nacional, que frustró el secuestro y detuvo a los secuestradores.
Por estos hechos, los autores materiales fueron procesados y condenados, mientras que el exdiputado Balda Flores fue expulsado de territorio nacional por Migración Colombia en octubre de 2012, en atención a una nota verbal enviada por el Gobierno de Ecuador que lo requería para que enfrentara una sentencia condenatoria por injuria no calumniosa grave.