El próximo lunes el Senado de la República tomará una decisión clave para definir el futuro de las objeciones que el pasado 11 de marzo presentó el presidente Iván Duque al proyecto de ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz.
Los escenarios posibles son, en principio, dos, luego de que la Cámara de Representantes rechazara las seis objeciones. En primer lugar, la Plenaria del Senado podría negar las objeciones, con lo cual el proyecto regresaría a la Presidencia de la República para sanción presidencial.
De otro lado, podrían acogerse una o más objeciones, con lo cual se caerían los artículos en los que haya discrepancia respecto a la decisión tomada en la Cámara, es decir, en los que se dé vía libre a los reparos del Gobierno.
Ante la importancia que tendrá la sesión de este 29 de abril, muchos senadores que se creía tendrían que declararse impedidos buscarán participar de la discusión.
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El senador Álvaro Uribe, por ejemplo, anunció que solicitará a la Plenaria el retiro del impedimento que presentó cuando fue tramitada la ley en el Congreso, dos años atrás, para poder respaldar e impulsar las modificaciones propuestas por Duque.
En otra orilla está el senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, sobre quien algunos sectores opinaban debía presentar impedimento, teniendo en cuenta que su esposa, Pilar Rueda, trabaja en la JEP.
Sin embargo, el congresista, uno de los principales defensores del acuerdo de paz, explicó que no se declarará impedido, pues considera trascendental la discusión y defenderá la posición de la bancada alternativa, que pide hundir las objeciones.
Así sería el trámite:
Los impedimentos buscan que los senadores que tengan conflicto de interés en determinado tema se aparten del debate. En este caso de las objeciones, el secretario general del Senado, Gregorio Eljach, explicó que tendrían que tramitarse de nuevo todos los impedimentos, incluidos los que ya fueron aceptados durante el trámite de la ley estatutaria.
Si Uribe y Cepeda finalmente deciden permanecer en el debate, podría darse un nuevo escenario: quien tenga conocimiento de una causal de impedimento de algún congresista que no se haya comunicado oportunamente podrá recusarlo.
El tema es que el reglamento del Congreso establece que en ese evento cada caso se enviará a la Comisión de Ética, que tendrá tres días para dar a conocer su conclusión, lo cual podría demorar el debate.
Pese a ello, Eljach afirmó que no es necesario tomarse el plazo completo para definir las recusaciones y se podría optar por un receso de un par de horas.
Dependiendo de cada caso, los congresistas que no declaren impedimentos podrían enfrentar procesos de pérdida de investidura o muerte política y la decisión final quedaría en manos del Consejo de Estado.