Por el delito por concierto para delinquir agravado en calidad de coautor, el ministerio público, en cabeza de la procuradora delegada Liliana Marín, solicitó en el juicio contra Santiago Uribe Vélez que se dicte sentencia condenatoria.
Según ella, la cantidad de pruebas y testimonios en contra del hermano del expresidente Uribe demuestra su participación en la conformación del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles que delinquía en el norte de Antioquia en los años 90.
"En la hacienda La Carolina tenía un lugar dipuesto para el entrenamiento paramilitar de sus integrantes. Allí llegaban militantes como 'Peloechonta' y alias 'Rodrigo', jefes urbano y rural. También su relación directa con Álvaro Vásquez, otro de los líderes financieros. Tenía una posición de garante del efectivo cumplimiento de todas y cada una de las actividades delictivas a ejecutar por parte de la organización armada ilegal", argumentó la procuradora.
En el caso del homicidio del conductor Camilo Barrientos, la procuradora solicita que se absuelva de este delito por duda probatoria pues no hay certeza de que Uribe haya participado en su muerte.
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Al iniciar su intervención, la delegada aprobó lo dicho por el fiscal y también solicitó compulsar copias contra testigos que habrían dado falsos testimonios y habrían cambiado versiones, al parecer, para favorecer al hermano del expresidente.
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“En no pocos testimonios se evidenció el embuste, la falacia y el sofisma, lo que hace mucho más difícil su labor y por ello acompañamos la solicitud que hizo el fiscal para que se investigue penalmente por falso testimonio a algunos testigos”, dijo la procuradora durante su intervención.
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La procuradora le pidió al juez que se dé credibilidad y se tenga en cuenta las declaraciones que vinculan a Uribe con la conformación del grupo armado ilegal que delinquía en el norte de Antioquia, entre 1990 y 1994. Además, qué señalan a su finca como el centro donde operaba Los 12 apóstoles.
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Hasta el momento, la procuradora delegada ha expuesto el análisis sobre las diversas declaraciones del patrullero Alexander Amaya, quien hace 25 años acusó a Uribe Vélez de comandar el grupo, declaraciones por las que se abrió investigación contra Santiago.
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Además, ha expuesto la versión del mayor retirado Juan Carlos Meneses, declaración que pide también sea valorada y tenida en cuenta para la sentencia, pues fue testigo directo al ser parte del grupo paramilitar.
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La jornada continúa en la tarde de este jueves, cuando la procuradora seguirá con los alegatos finales exponiendo el análisis de los demás testigos.
Además, en el caso del testigo Eunicio Pineda, que declaró en contra del ganadero, la procuradora le solicitó al juez que tuviera en cuenta el dictamen de Medicina Legal en el que se determina que está en condiciones mentales óptimas. Pidió que se desestime la solicitud del abogado Jaime Granados de declarar nulo el testimonio por supuesta esquizofrenia.
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“Para el ministerio público no existe ninguno de los errores planteados por la defensa de Santiago Uribe en su escrito de objeción. Se ha constatado quien elaboró el dictamen psiquiátrico fueron los peritos oficiales de Medicina legal y tenían los conocimientos”, dijo la procuradora.
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