El Tribunal Superior de Bogotá negó una tutela con la que dos directivos del Partido Comunista pretendían anular el pliego de cargos que formuló el CNE contra el presidente Gustavo Petro por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña en 2022.
Atención: El Tribunal Superior de Bogotá negó una tutela con la que dos directivos del Partido Comunista @notipaco pretendían anular el pliego de cargos que formuló el @CNE_COLOMBIA contra el Presidente @petrogustavo por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña… pic.twitter.com/5Aef4x6Fcl
— Ricardo Ospina (@ricarospina) November 1, 2024
La la secretaria general de esa asociación política, Claudia Flórez, había comentado que con ese acto jurídico buscaba proteger los derechos fundamentales al derecho a elegir y a ser elegido.
“Denunciamos la vulneración de los derechos civiles y políticos, el desconocimiento del bloque constitucional y de los tratados internacionales por parte del CNE”, dijo en su momento.
Hay otra demanda que busca la nulidad de la decisión del CNE
El abogado Sebastián Fausto Méndez, demandante en este caso, solicita la nulidad absoluta de la resolución emitida por la Sala Plena del CNE el 8 de octubre de 2024, argumentando que la entidad carece de competencia para actuar en este asunto y que ya había operado el fenómeno de la caducidad.
Méndez sostiene que el CNE ha abusado de su autoridad al emitir una decisión que considera injustificada, alegando que no tiene facultades para investigar al presidente de la República, lo que contraviene el artículo 413 del Código Penal. Esto, a su juicio, se acerca al concepto de "prevaricato por acción". Además, argumenta que la caducidad ya se había manifestado, lo que invalidaría cualquier acción posterior del CNE.
Por otro lado, el Consejo de Estado reafirmó la competencia del CNE para investigar la campaña de Petro. En un auto emitido el 7 de octubre, el alto Tribunal desestimó una solicitud de nulidad presentada por el abogado Héctor Carvajal, quien representaba al presidente. Este había argumentado un posible conflicto de competencias respecto a quién debía llevar a cabo la investigación sobre la campaña.
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